El riesgo de politizar las ayudas europeas

Moncloa se reservará el pleno control sobre las ayudas que corresponden a España del Plan Marshall contra la crisis que la UE aprobó en julio.

El presidente Sánchez admite la posibilidad de crear un organismo especializado en su gestión, una especie de agencia de reconstrucción, pero ésta estará plenamente subordinada a la antigua Oficina Económica de Presidencia, ahora llamada Dirección General de Asuntos Económicos. Con esta decisión, España se aleja del modelo, mucho más plural, que seguirán otros de los países más beneficiados por los préstamos y transferencias a fondo perdido que llegarán de la UE. Así, todo apunta a que en Italia se creará una comisión parlamentaria ad hoc con presencia tanto de diputados como de senadores. En Portugal, el Gobierno retomará el Plan para la recuperación que diseñó el prestigioso economista Antònio Costa Silva en el inicio de la actual crisis, y someterá a consulta pública la próxima hoja de ruta de reparto de las ayudas. España, por el contrario, emprenderá el reparto de un cuantioso volumen de recursos (140.000 millones), sin contar con un organismo gestor que pueda acreditar su independencia. Ante la grave recesión ya en marcha, es justo que los partidos de la oposición, otras Administraciones, especialmente las autonomías, y los expertos tengan voz en el reparto de unos recursos vitales para la futura recuperación. Es más, los proyectos de inversión de numerosas empresas competirán para tener acceso a ellos y resulta imprescindible garantizar la mayor objetividad en las pautas de reparto y control.

El reparto de las fondos provenientes de la UE debería someterse a un control independiente bajo criterios objetivos

El modelo elegido por Moncloa, sin embargo, no cumple esos requisitos y plantea un serio riesgo de que dominen los criterios políticos.