La indefensión jurídica del ciudadano

Las autonomías que obligan al uso de mascarilla en todo momento ya multan a los presuntos incumplidores. Las sanciones se ponen en marcha sin que haya un marco claro para identificar las violaciones de la ley.

La normativa estatal establece la cuantía de las multas (100 euros) y lo fía todo al criterio de las autoridades autonómicas y locales, lo que crea gran disparidad. El negativo precedente de las penalizaciones por saltarse el confinamiento debería servir de ejemplo para evitar esta indefinición. Miles de multas por desobediencia se impusieron sin respetar los requisitos que la ley marca para castigar una suspuesta desobediencia. Con los nuevos castigos relacionados con el uso de mascarillas, resurge el riesgo de que los ciudadanos se vean indefensos jurídicamente.