Una gestión que mina la confianza

Los volantazos y violentos virajes que caracterizan la respuesta del Gobierno a la actual crisis alcanzaron su máxima expresión la semana pasada, a cuenta del futuro de la reforma laboral de 2012.

La posibilidad de que se derogara íntegramente, de forma unilateral y saltándose las exigencias legales, desató un terremoto que enfadó a las patronales, distanció al Gobierno de sus socios parlametarios y abrió el primer enfrentamiento franco entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero, aunque no hayan tenido efectos tan sonados, lo cierto es que son multitud las rectificaciones del Ejecutivo en los meses pasados desde que se decretó el estado de alarma. Este último fue motivado por una alerta sanitaria y es precisamente Sanidad el departamento en el que las mudanzas de criterio son norma. Esa realidad no sólo perjudicó a su ámbito más directo de acción, provocando fallos y retrasos en la compra de material médicos. También el sector del consumo sufrió los cuatro bandazos dados por el ministro Illa sobre la cuestión de si se autorizan o no las rebajas. Pero, en realidad, la economía en su conjunto se resiente por el hecho de que reina la oscuridad sobre cuestiones cruciales cómo el proceso en el que se decide cuándo una autonomía cambia de fase en la desescalada o la vigencia definitiva que tendrá el estado de alarma. Éste último ha dado lugar una hipertrofia de la actividad legislativa, con más de 200 normas creadas en dos meses, pero, paradójicamente, la incertidumbre jurídica es completa, ante la abundancia de improvisaciones y cambios unilaterales e inesperados. Es imposible que una gestión así se gane la confianza de inversores y ahorradores, lo que agravará aún más la crisis.