Coacción injusta a las empresas

Las empresas se enfrentan a un panorama cada vez más inseguro a la hora de tomar decisiones sobre sus plantillas ante la crisis del coronavirus. La incertidumbre es abonada por las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Estas iniciativas se toman, como la ministra Díaz resaltó, dictadas por la inaudita hipótesis de que la epidemia brinda una ocasión para despedir, de la que muchos empresarios quieren aprovecharse.

 Se trata de una sospecha que, con toda lógica, insulta a este colectivo y así lo denuncia en elEconomista el presidente de CEIM, Miguel Garrido. Pero incluso más graves que las acusaciones sin base son las medidas concretas en que se traducen. Los despidos ligados a la actual crisis no se prohíben, pero se considerarán improcedentes, con el consiguiente endurecimiento de la indemnización a que dan derecho. El supuesto objetivo de Trabajo es hacer que las empresas se decanten por los Ertes, cuya normativa se flexibilizó. Es cierto que ahora se resuelven en cinco días, pero esa celeridad obedece más al afán de descongestionar los Servicios de Empleo que a ayudar a las empresas. De hecho, se enfrentan a un periodo de cuatro años en el que las causas del Erte pueden revisarse. En ellos no sólo existe el riesgo de que la Inspección de Trabajo rechace los motivos del ajuste, sin que se haya definido un baremo previsible y objetivo para evaluarlos. Además, intervendrán la Agencia Tributaria y la Policía.

Trabajo someterá a un control extremo los Ertes con participación incluso de la Agencia Tributaria y de la Policía

Quedan así asociados gratuitamente los ajustes de empleo con el afán de cometer fraude fiscal y otros delitos. La perspectiva de una labor de control tan exagerada disuadirá a muchas empresas de llevar a cabo ningún ajuste de plantilla, lo que compromete su capacidad misma de sobrevivir.