Evitar un desastre económico es lo fácil

Contra mis expectativas iniciales, la difusión mundial del coronavirus no sigue las trayectorias relativamente benignas que se vieron en China fuera de Wuhan y de la provincia de Hubei, y en Corea del Sur, Singapur y el resto de Asia. En vez de eso, la trayectoria de difusión en Europa (y probablemente también en EEUU) se parece cada vez más a la que hubo en Hubei.

Esto plantea el riesgo de un desastre médico y económico. Pero aunque para evitar una crisis de salud pública tal vez ya sea demasiado tarde, las autoridades todavía están a tiempo de implementar las medidas fiscales y monetarias necesarias para prevenir una catástrofe económica. Para eso tendrán que ir mucho más allá de las medidas monetarias anunciadas por la Fed y las rebajas de impuestos y transferencias en efectivo indiscriminadas que ha propuesto la administración Trump.

La única buena noticia en esta terrible situación es que, a diferencia de los efectos médicos del virus, el impacto económico es fácil de predecir y superar. Es factible una respuesta política capaz de evitar que la epidemia (incluso en la forma relativamente virulenta que se experimentó en Hubei) impulse una catástrofe económica peor a la crisis financiera de 2008. Los gobiernos de todas las economías importantes deben garantizar una compensación ilimitada de la pérdida de ingresos y salarios a empresas y trabajadores que hayan sido afectados por cuarentenas y cierres; si no es el 100%, puede ser entre 80% y 90%.

En la situación actual, la política monetaria no servirá de estímulo a la actividad

La forma ideal de entregar la compensación sería a través de subsidios y transferencias fiscales, pero tratándose de empresas más grandes, otra opción puede ser darles préstamos a largo plazo con tasa cero o garantía pública de sus deudas. Felizmente, la transformación que provocó la crisis de 2008 en la economía mundial y en los mercados financieros ha vuelto factible una respuesta de esta naturaleza, ya que los gobiernos cuentan con posibilidades de financiación ilimitada con cero por ciento de interés, baja inflación y tolerancia a experimentos monetarios y fiscales antes inimaginables.

Seamos claros: en la situación actual, la política monetaria no servirá de estímulo a la actividad económica. Y tampoco es lo que quieren las autoridades: más actividad económica ahora solo agravaría la crisis sanitaria. Pero, aun así, es necesario bajar el tipo de interés a cero y proveer enormes inyecciones de liquidez para evitar el derrumbe de los sistemas financieros.

La aplicación de medidas fiscales pensadas para apuntalar la recuperación tendrá que esperar a que el virus esté controlado. Lo que los gobiernos pueden y deben hacer ahora es dar a ciudadanos y empresas garantías de que pueden quedarse en casa y no preocuparse por los ingresos perdidos, porque el gobierno compensará esas pérdidas cuando la crisis haya terminado.

Sobre la base de la experiencia china, el costo fiscal de una compensación integral de los ingresos perdidos puede fácilmente llegar al 10% del PIB anual. Y si la epidemia resultara peor que en China (lo que parece probable), podría llegar a un 25% del PIB. Estas cifras pueden parecer asombrosas, pero es posible financiarlas apelando a uno o más de los tres mecanismos siguientes.

El costo fiscal de una compensación integral de los ingresos perdidos puede fácilmente llegar al 10% del PIB anual

En primer lugar, todos los países del G-20 (exceptuada tal vez Italia) pueden fácilmente aumentar 25 puntos porcentuales el cociente deuda pública/PIB sin generar grandes dudas sobre su solvencia. Y el costo del servicio de la deuda apenas aumentará si los bancos centrales se comprometen a mantener los tipos de interés en cero por al menos dos años, y se obliga a los inversores por medio de regulación y represión financiera a «calzar» pasivos a largo plazo.

Hay una diferencia fundamental entre una transferencia fiscal por única vez, por voluminosa que sea, y un estímulo fiscal por medio de rebajas de impuestos o compromisos de gasto que aumenten el déficit anual en forma permanente. Una transferencia por única vez equivalente al 25% del PIB deteriora menos la solvencia fiscal a largo plazo que una rebaja impositiva del 1% o 2% del PIB o compromisos de gasto a largo plazo que modificarán la estructura fiscal por varias décadas.

En segundo lugar, los bancos centrales pueden absorber totalmente la emisión de deuda adicional, ampliando sus programas de flexibilización cuantitativa; esto sería, básicamente, que cada una de las economías del G-7 expanda su base monetaria un 25% del PIB.

Finalmente, los bancos centrales pueden compensar directamente a empresas y trabajadores arrojando "dinero desde el helicóptero" en forma selectiva. Si los gobiernos y bancos centrales de todo el mundo se ponen de acuerdo en usar un único método, la respuesta resultará más creíble, pero en la práctica, se puede usar una combinación de estas tres políticas.

¿Será la respuesta correcta? Un programa de plena compensación estatal admite dos objeciones: que termine siendo inflacionario y que no hay antecedentes de semejante intervención estatal para rescatar y subsidiar empresas. Pero son críticas endebles. Hoy todos quieren más inflación; puede que haya que lamentarlo más tarde, pero hasta que eso suceda, habrá tiempo de sobra para adoptar políticas antiinflacionarias.

Un programa de compensación plena no sería una novedad. Es habitual compensar a los agricultores por desastres agrícolas (como con las vacas locas), derrumbes del precio de sus productos o guerras comerciales, así como ofrecer programas de alivio o seguros subsidiados a regiones y familias afectadas por inundaciones, terremotos o incendios forestales.

Además, las transferencias fiscales a bancos, empresas de seguros y mercados financieros que hubo en muchos países desde 2008 superan con creces el 25% del PIB. La diferencia en este caso es que el desastre afecta a todos, lo que en principio es un argumento más a favor de la compensación. Que los gobiernos de todo el mundo sigan pensando en préstamos y garantías crediticias (en vez de una compensación fiscal directa) se debe exclusivamente a que no hay intereses especiales (por ejemplo, agricultores o banqueros) que estén pidiendo medidas de alivio sectoriales.