Una necesaria protesta de CEOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se entrevistó con su homólogo de CEOE, Antonio Garamendi. Este último dejó claro en la conversación que le parece una "barbaridad" el propósito del Ejecutivo de hacer realidad la exigencia de Podemos de volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta 1.000 euros mensuales, el año que viene.

El argumento que Garamendi esgrimió, el estímulo que un alza tan rápida de esta remuneración supone para el crecimiento de la economía sumergida, es ya incontestable. De hecho, el mismo secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció recientemente que el avance récord, del 22,5 por ciento, que el SMI experimentó en 2019 ya ha provocado ese fenómeno. En consecuencia, son miles los trabajadores de escasa cualificación (especialmente empleadas del hogar y personas con labores agrícolas) que han dejado de cotizar, pero todavía desempeñan su función en negro. Pero, sobre todo, no podía demorarse más una contundente reacción de la patronal ante el afán de elevar todavía más unos costes laborales que experimentan un alarmante auge en el periodo más reciente. No en vano las últimas cifras del INE, conocidas esta semana, revelan cómo los impuestos al trabajo acumulan nueve meses seguidos de avances superiores al 2 por ciento, lo que ha supuesto situarlos, en el tercer trimestre, en una medida de 2.553 euros por trabajador cada mes.

Los planes de volver a subir el salario mínimo solamente podían suscitar la crítica de la principal patronal

Se trata de una situación demasiado gravosa para cualquier empresa, especialmente en el contexto actual de desaceleración económica y de incertidumbre por la posibilidad de más alzas de impuestos en otros capítulos, como Sociedades. Ante una deriva tan perniciosa, la reacción de CEOE era ya ineludible.