Pensiones: financiación por aclarar

Desde hace años, el debate sobre cómo financiar las pensiones de jubilación en España establece que el sistema está abocado a sostenerse con cargo a los Presupuestos Generales, por medio de impuestos.

Ese escenario, que solía plantearse como un horizonte a futuro, es cada vez más real. Mensualmente, 150 euros de cada pensión media son sufragados con préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, una deuda que se cubre por vía impositiva.

No cabe esperar un mayor rendimiento de las cotizaciones sociales en el medio-largo plazo que haga innecesario el recurso a los impuestos. Ni siquiera ahora que esos ingresos se hallan máximos bastan para financiar el desembolso en pensiones.

Hasta el punto de que será necesario casi agotar la hucha de las pensiones este mes para pagar la extra de navidad. La situación puede incluso empeorar, dado que la desaceleración del PIB ralentiza la creación de empleo. Mientras, la presión a la que está sometida la Seguridad Social no deja de subir.

El propósito para esta legislatura de blindar la vinculación al IPC de las pensiones, y de desechar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, van a provocar un avance de este capítulo de gasto aún mayor que aquél al que le obliga el rápido envejecimiento demográfico. Ni el Gobierno ni los componentes del Pacto de Toledo han explicado aún cómo se va a financiar este esfuerzo extra. Pero todo apunta a que tendrá que recaudarse todavía más por impuestos, lo que pondrá en una situación crítica al contribuyente.

No en vano, deberá contribuir doblemente, mediante sus cotizaciones y su renta, sin que pueda haber contrapartida proporcional en la cuantía de la pensión que percibirá.