Las mayores polémicas que ha protagonizado Catalá desde que llegó al ministerio de Justicia

Cuando aquel frío 21 de diciembre de 2011 Rajoy anunció la composición de su primer Gobierno, la primera excalamación fue para Gallardón. Tras una ristra de nombres no excesivamente conocidos y de carácter relativamente tecnócrata, el expresidente y exalcalde de Madrid daba su anhelado salto a la gran política nacional. El ministro de Justicia tendría un marcado perfil político y un estilo propio en la gestión del ramo. Sin embargo, tres años después, fracasada su reforma del aborto y con la reforma de las tasas judiciales por los suelos, Gallardón se iba y Rajoy lo sustituía por alguien que era todo lo contrario, o al menos en teoría.

El nombre de Rafael Catalá Polo no sonaba a muchos cuando fue designado en 2014, pero mandaba un mensaje claro. Después del revuelo con las reformas de Gallardón, el presidente quería un perfil más discreto. Secretario de Estado de Justicia en el último Gobierno de Aznar y Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de España en el primero de Rajoy, Catalá llegaba para aportar tranquilidad y procurar que el ministerio de Justicia no acaparase polémicas y titulares. No parece haberlo conseguido.

A los pocos meses de asumir el cargo, en febrero de 2015, año electoral, Catalá empezó a resquebrajar su propósito de ser un 'hombre de paz' tras Gallardón cuando anunció que iba a presentar en el Congreso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos de instrucción de las causas a seis meses y sólo 12 más sin eran complejas. Muchos vieron un intento aquí de que las causas por corrupción contra miembros del PP, en ese momento acumulándose en los juzgados, llegaran poco cocinadas a juicio. Empezaron aquí a arreciar las críticas contra el ministro.

No arregló Catalá esto poco después, ya en abril de 2015, cuando unas palabras suyas lo pusieron en la picota periodística. En un almuerzo en el Círculo Ecuestre de Barcelona abrió la puerta a sancionar a los medios de comunicación que publiquen informaciones sobre investigaciones judiciales en curso, con el fin de proteger la "confidencialidad" y la presunción de inocencia. Aunque aclaraba que sólo era una sugerencia y que no era algo que estuviera en la agenda del Gobierno, la prensa se le echó encima y más en un momento en que se acumulaban las causas judiciales contra excargos de su partido. Pocos días después reculaba y abogaba por "equilibrar el derecho a la información con el derecho a la intimidad y la propia imagen, pero no por la vía de las sanciones".

Estas polémicas no fueron óbice para que Rajoy ratificase a Catalá en el cargo tras las elecciones generales de 2016. Sería en la presente legislatura cuando el titular de Justicia viviera su mayor polémica. Enfilado el año 2017, la dimisión de la fiscal general del Estado Consuelo Madrigal después de haber recibido supuestas presiones de Catalá para renovar con determinados nombres puestos clave de la Fiscalía lo precipitó todo. Tirando del hilo se supo que Madrigal se negaba a quitar de su puesto al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Ahí empezó el duelo. Además, el ministro quería situar a Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción cuando algunos ya le acusaban de ser la mejor opción posible para los investigados del PP en el caso Lezo.

Nombrado ya Moix fiscal jefe de Anticorrupción y el fallecido José Manuel Maza fiscal general del Estado en sustitución de Madrigal, la oposición empezó a acusarles, junto a Catalá, de obstaculizar la acción de la Justicia contra investigados como Ignacio González. Se arguyeron los chivatazos a los imputados por Lezo o el SMS de Catalá al propio González esperando que "acabasen pronto los líos". Todo ello desembocó en posiblemente el momento más delicado de Catalá en el Ministerio. El 16 de mayo de 2017 se convertía en el primer ministro reprobado de la democracia con todos los votos del Congreso salvo los del PP. En una reprobación propeusta por el PSOE a la que se sumó incluso Ciudadanos, socio del Gobierno, y que se hizo extensiva a Moix y a Maza, Catalá vio como Rajoy tuvo que salir al paso y defender su continuidad en el puesto. No iba a dimitir y el presidente era el único que podía cesarle, pero el trago no fue amable. Que a las pocas semanas el fiscal Moix tuviera que dimitir por un polémica con una sociedad offshore en Panamá tampoco ayudó.

La última polémica en torno a Catalá cuenta con menos de una semana de vida y ha llegado tras la sentencia judicial la pasada semana contra 'La Manada' por los hechos ocurridos en los sanfermines de 2016. La condena de nueve años por abuso sexual a los acusados en vez de por agresión sexual y negando el fallo la intimidación de la víctima provocó una ola de indignación ciudadana a la que el ministro se ha querido subir sin calcular bien las consecuencias. Si sus primera reacciones fueron más prudentes y abogaban por respetar a los tribunales e impulsar desde la política una reforma del Código Penal que evitase estas situaciones, Catalá fue endureciendo el torno hasta cargar ayer contra el juez de los tres que formaba el tribunal que firmó un extenso voto particular pidiendo la absolución de los acusados y defendiendo que la víctima dio su consentimiento.

"Tiene algún problema singular" dijo Catalá sobre el juez Ricardo González, no queriendo especificar cuál, pero criticando al CGPJ por no haber intervenido antes contra el magistrado. Aunque el mensaje del ministro se adecuaba a la frecuencia de las protestas en la calle, enseguida las asociaciones de jueces y fiscales cayeron en tromba sobre él pidiendo su dimisión por señalar de esa manera a un juez. Partidos políticos como Ciudadanos y Podemos también han criticado su proceder y le están pidiendo responsabilidades. Una nueva polémica en torno al titular de Justicia que éste tendrá que sofocar una vez más.