Investigan la gestión de Bañuelos en la quiebra de Inzile: 30 pagos bajo lupa y una adquisición "de valor incierto"

Tras su papel en la quiebra de Astroc y su desaparición en el complejo Barcelona World, el nombre de Enrique Bañuelos volvió a los titulares con la quiebra de Inzile, un fabricante de coches eléctricos sueco que adquirió en otoño de 2021 y que es uno de los principales accionistas de QEV, la automovilística encargada de reindustrializar Nissan Zona Franca. La organización, que cotizaba en el Nasdaq, se declaró en bancarrota en noviembre y tiene una deuda de 7,5 millones de euros y el reciente informe del administrador concursal señala que la gestión del empresario "está bajo investigación", tanto por la operación con la que tomó el control como por una treintena de pagos hechos desde la cuenta corriente de la compañía en sus últimos meses de vida.

elEconomista.es ha tenido acceso al informe de la quiebra realizado por la firma Cirio, a la que se designó como administrador concursal. En su análisis, alerta de que existen movimientos que están siendo investigados, tanto en el momento de la adquisición de la cotizada por parte de Bañuelos como algunas salidas de caja registradas.

Los abogados detectaron hasta 30 pagos de la cuenta bancaria de Inzile "que están bajo investigación" y pueden ser motivo de reclamo según la ley concursal, así como motivar otros recursos legales. Las transacciones analizadas son las que se produjeron en los últimos tres meses antes de la bancarrota y que superan las 50.000 coronas suecas (4.274 euros, al cambio actual) o que se hicieron con otras sociedades vinculadas a Bañuelos.

El asunto se pilota desde hace meses desde el Tribunal de Distrito de Estocolmo, que tiene toda la información del caso.

PwC ya incluyó observaciones en sus auditorías antes de renunciar

Sin embargo, Cirio alerta de que los hechos que se investigan se remontan al mismo momento en el que Bañuelos adquirió la automovilística sueca, pues entró en el capital a través de una operación "con valor incierto" al hacerse con el 63% del capital sin desembolsar ni un euro. El auditor de la compañía, PwC, ya incluyó varias observaciones en su informe de 2021 antes de renunciar al cargo en septiembre del año pasado.

Bañuelos se hizo con la mayoría de Inzile a cambio de que esta adquiriese el 80% de EVI Mobility, la sociedad con la que el empresario poseía sus acciones de QEV, la encargada de reindustrializar Nissan Zona Franca. Además, el nuevo accionista, según explicaron en su momento, se comprometió a realizar un pedido de 96 hipercoches valorado en 80 millones de euros que iba a dar oxígeno a una organización que ya perdía dinero.

Con la firma dimitieron varios miembros de la junta de Inzile. En agosto renunciaron Anders Aspegren, Vivianne Holm, Meg Tivéus y Thomas Tscherning. Un mes antes ya lo había el consejero delegado, Johan Svärd.

"Se ha solicitado, pero no se ha encontrado la documentación relativa al pedido, por lo que no ha sido posible verificar el pedido ni su naturaleza", alerta Cirio.

No existió ninguna valoración, ni previa ni posterior de EVI Mobility, dijo el auditor

Así, el administrador concursal llega a la conclusión de que el precio de EVI Mobility se determinó sobre el peso del paquete de acciones que Bañuelos iba a comprar para que saliese a la par y no sobre una valoración real. Además, en un primer momento se dijo que esta sociedad poseía hasta el 51% de QEV cuando su porcentaje real era del 19,6% en el momento de la operación -hoy tiene el 10,9% con las recientes ampliaciones de capital-.

El auditor de PwC ya dijo que no había existido ninguna valoración previa ni posterior por parte del consejo de administración. Por ello, le había sido imposible conocer el valor real de los títulos adquiridos. Al renunciar en 2021, las cuentas entre enero de 2022 y el momento de la quiebra no han sido auditadas.

El papel de Bañuelos en QEV

Aunque Bañuelos se presentó en Suecia asegurando que poseía el 51% de las acciones de QEV, la realidad es que solamente suma el 10,9% en la actualidad si se tienen en cuenta los instrumentos convertibles.

Como ya explicó elEconomista.es, Cirio y Garrigues pilotan la subasta de los activos de Inzile en España, por lo que los títulos cambiarán de manos en las próximas semanas. Fuentes de QEV manifestaron siempre su intención de recomprar la participación.

GAEA-Inveready, en el que están presentes familias vascas como los Ybarra Careaga, es el principal accionista de la firma, pues suma el 28,1% de la empresa. Segundo es el colombiano Frank Kanayet, que tiene el 15%. El equipo directivo que encabeza Orús todavía mantiene el 11,3%. La familia Salvo a través de la valenciana Power Electronics ostenta un 7,2%.

En el siguiente escalón están dos entidades públicas, el Banco Europeo de Inversiones (7%) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) (6,3%). Les sigue la familia Aboitiz con el 5,3%. El último gran inversor es la sociedad RE Motorsports Investments (4,6%), hoy controlada por Mercè Sánchez Serna, pero hasta 2021 de Miguel Valldecabres, consejero entre 2017 y 2020 y el empresario que compró a Bañuelos la patrimonial que fue matriz de la quebrada Astroc.