Bolsa, mercados y cotizaciones
Las sicavs se juegan su futuro este año tras vivir el peor de su historia
- El PP quiere limitar el acceso mínimo al 0,55% del patrimonio
- En 2016 solo se registraron 19 vehículos y se dieron 146 bajas
Arantxa Rubio
Tras cerrar su particular annus horribilis, las sociedades de inversión de capital variable, más conocidas como sicavs, arrancan 2017 con la incógnita sobre su futuro aún sin despejar: su recuperación o declive depende de la regulación que imponga el Gobierno del Partido Popular, donde fuentes consultadas aseguran que, por ahora, no hay novedades al respecto.
Por contextualizar, durante todo 2016 solo se registraron 19 vehículos nuevos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un dato que supone un 89% menos de las que vieron la luz durante todo el ejercicio anterior (170). Y simultáneamente, se produjeron 146 bajas (muchas de ellas se fusionaron con otros fondos o sociedades para evitar la penalización que pueda llegar). Todo como consecuencia de la ofensiva que los partidos políticos acometieron sobre su figura. ¿El resultado? 2016 ha sido el peor año de la historia para estos vehículos porque tal y como asegura Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, "para su puesta en marcha, la inestabilidad política, desde luego, no ayuda".
Conviene recordar que el Partido Popular, ahora en el Gobierno, llevaba en su programa electoral el año pasado una medida que las atañe: pretende que solo computen como los 100 accionistas necesarios para constituir una sicav aquellos que tengan una participación mínima del 0,55% del patrimonio, algo que Ciudadanos también respaldó el pasado mes de octubre con una proposición no de ley que el Congreso aprobó por mayoría simple (con la abstención del resto de la oposición) y que incluía, entre otras medidas, más control sobre estas sociedades. No es el único requisito sino que, además, el grupo naranja pide que el control fiscal de estos vehículos pase a ser responsabilidad de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que lo tenía hasta que el PSOE se lo retiró en 2005 y lo otorgó a la CNMV [a día de hoy, para constituir una sicav se necesita cumplir dos requisitos: reunir al menos 100 inversores y un patrimonio de 2,4 millones de euros].
Por qué se opone el sector
El atractivo de estos productos estaba, hasta ahora, en dos cuestiones: "Una buena fiscalidad (la misma que los fondos de inversión, al 1% mientras se mantengan las participaciones) y la capacidad de influencia del Consejo de Administración de la Sociedad en la política de inversión", razona José María Mingot, director de la Asesoría Jurídico-Fiscal de Lombard Odier en España. El requisito del PP "puede suponer su desaparición, como están anticipando los datos de la CNMV".
Y es que, aunque la medida pretende acabar con las sociedades controladas familiarmente, en muchos casos auténticos oligopolios de inversión en las que el resto de inversores son meramente nominativos (conocidos en el mundo financiero como mariachis), tal y como está planteada perjudica principalmente al inversor particular: a día de hoy el coste medio para acceder a una sicav es de 10 euros (el valor liquidativo medio) y la inversión media con un 0,55% mínimo del capital se dispararía hasta los 55.396 euros.
Desde Inverco reiteran que el carácter colectivo de una sociedad (exigido por la directiva europea) no lo da el número de accionistas o partícipes, sino el carácter abierto del vehículo y que cualquier persona pueda invertir en él. Y en ese sentido, las sicavs cumplen con eso porque se pueden adquirir desde una participación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), como si fueran acciones.
Además, Luis Urquijo, director de inversiones de Ábaco Capital, califica esta medida "de difícil implementación" porque, poniendo el caso de que esa sociedad se comercialice activamente, el porcentaje en posesión de cada accionista irá variando con la entrada y salida de capital.
Cómo es en el resto de Europa
"El sector no está a favor de aumentar los obstáculos ya existentes en los vehículos domésticos frente a los comunitarios", justifica Aldama. Los datos de la asociación así lo avalan: el 93% de las instituciones de inversión colectiva (IIC) de Europa -entre las que se incuyen las sicavs- están exentas de tributación en el Impuesto de Sociedades. De hecho, España es el único país, junto con Portugal y Noruega, que está sometido a esta tributación, ya que en otros 19 países de Europa estos vehículos están exentos. Eso es, que España, lejos de ser el paraíso de la inversión colectiva tal y como se pinta, es el tecer país de Europa más restrictivo con las denostadas sicavs.
Tampoco existe en la mayoría de los países de la Unión Europea la exigencia de tener un número mínimo de partícipes. En Francia se requieren dos; y Portugal se elevan hasta 100, los mismos que en nuestro país.