El segundo y tercer accionista de Zinkia denuncian el desvío de fondos a Panamá

El pasado 9 de abril, Zinkia, la creadora de Pocoyó en concurso de acreedores desde abril de 2014, anunciaba la constitución de una filial en Panamá (Zinkia Educational), a través de la que "se desarrollarán algunas de las líneas de negocio internacionales de la sociedad". Esos fueron todos los detalles que se incluyeron en el hecho relevante publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Precisamente, la ausencia de estos, entre otras razones, llevaron al segundo y tercer accionista del grupo, Miguel Valladares y Alberto Delgado, a denunciar ese mismo día ante el juzgado mercantil número 8 de Madrid la constitución de esta filial, considerando que su objeto es el "desvío de fondos".

En la denuncia argumentan que se "ha decidido derivar, o desviar, el desarrollo de parte de las líneas de negocio de Zinkia en favor de una sociedad de reciente constitución radicada en República de Panamá", "sin que se haya convocado la Junta General de Accionistas para tal acuerdo". José María Castillejo, presidente de Zinkia y mayor accionista del grupo, alega por el contrario no necesitar a la Junta para tomar tal decisión, que enmarca dentro de un plan de expansión, recordando que el grupo ya dispone de otras filiales en el extranjero, como por ejemplo en China. 

Sin embargo, según el reglamento de la Junta General de Accionistas, disponible en la propia web de la compañía, entre las competencias de ésta figura la de "aprobar la filialización o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas". 

Aunque en el comunicado remitido a la CNMV no se detalla cómo se va a efectuar la gestión y administración de esta filial ni qué líneas de negocio se desarrollarán en Panamá -razones que han llevado a ambos accionistas a pedir su nulidad al administrador concursal y la adopción de medidas cautelares con su actividad-, éstos consideran que con la creación de una filial se "supone que se pretende sustituir la explotación directa de ciertas líneas de negocio de la concursada -presentes y/o futuras-, por la explotación indirecta (...) por medio de dicha filial"; sin que además se haya aportado un informe que justifique su creación, explican. 

Lo que "supone una modificación sustancial de la estructura de la actividad societaria", alegan. Cuando esto ocurre, explican, es decir, cuando "la segregación o filialización constituye la transmisión de una o varias unidades económicas o líneas de negocio (...) a cambio de acciones o participaciones de la sociedad filial constituida para su explotación", la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME) establece que la escisión de una parte de la actividad "únicamente puede ser acordada (...) por la Junta General". 

Investigación de autocartera

La constitución de la filial no es lo único que el segundo y tercer accionista denuncian, también piden investigar las disposiciones de las acciones propias adquiridas por Zinkia durante 2012, 2013 y 2014, que se aprobaron sin constancia de la Junta General y que ha ido anunciando en las cuentas anuales.

Así, por ejemplo, en las de 2012, figura la venta de 333.986 acciones, que propiciaron un resultado negativo de 151.170 euros. En 2013, solo un año más tarde, Zinkia compró otras 347.554 acciones más, para venderlas ese mismo año. Según las cuentas anuales, la operación ofreció un resultado negativo de 185.793 euros. Sin embargo, en el Informe de Gestión, se afirma un resultado global de estas operaciones del mismo importe registrado "como mayor valor del patrimonio en el balance".

Todo ello ocurrió en uno de los años más duros para la compañía. En diciembre de 2013, Zinkia se enfrentó a la devolución de 2,23 millones de euros captados en 2010 a través de bonos. La imposibilidad de reintegrar este importe le llevó a alargar el vencimiento de la deuda hasta noviembre de 2015, a cambio de elevar el cupón al 11 por ciento. Decisión que costó al grupo unos 246.000 euros en concepto de intereses.