El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aboga por revisar la Constitución y potenciar el federalismo

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo que la solución al problema catalán "debe ser política y negociada" porque las sentencias no resuelven los problemas políticos. En este sentido ha abogado por "dar una vuelta al Título VIII de la Constitución -que regula la organización territorial de España- aunque sea para dejarlo igual" y por potenciar el federalismo, pero "manteniendo el título preliminar de la Constitución, dentro de la unidad de España".

"Igual hay que dar una vuelta al Título VIII aunque sea para dejarlo igual. No lo sé, tenemos que encontrar una fórmula para que todos los españoles, incluidos los catalanes, estemos a gusto y tengamos un marco de convivencia, pero todos bajo un arco", ha señalado durante el turno de preguntas tras su intervención en el Desayuno Informativo de Europa Press.

Sobre la posibilidad de tocar ese Título VIII, Campo ha incidido en la opción de buscar una potenciación de la vía federal y del estado autonómico".

En cuanto a un posible referéndum de autodeterminación ha dicho que "ni España puede decidir solo sobre Cataluña, ni Cataluña solo sobre España. Todos debemos pronunciarnos sobre estas cuestiones, y esa es la tranquilidad y seguridad jurídica que da nuestra Constitución".

Campo se ha referido a que un referéndum de autodeterminación no es posible con el marco legal existente, y que una reforma constitucional (para abordar asuntos como el Título VIII o la inviolabilidad del Rey) requieren de las mayorías establecidas, dos tercios del Congreso y del Senado, algo que "actualmente es complicado" dada la oposición del PP.

Por otro lado, Campo ha señalado que no se pronuncia sobre la futura resolución del Supremo sobre la aplicación del 100.2 a los presos del 'procés' independentista catalán después de que Fiscalía pidieran revocar el de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell por considerar que era un tercer grado encubierto. El ministro ha señalado que hablar sobre algo que esta 'subiudice' seria no respetar al Tribunal Supremo.

Estado de alarma

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha enmarcado en la "normalidad democrática" el medio centenar de querellas y denuncias presentadas en el Tribunal Supremo contra la gestión por el Gobierno de la pandemia por covid-19.

Y ha remarcado que como juez, cree que alguna de ellas ni siquiera llegarán a admitirse a trámite si bien salva de este grupo las acciones emprendidas en relación con la gestión en las residencias de mayores. "Habrá que esperar, la justicia es lenta, más de lo debido", ha recalcado.

Campo ha eludido pronunciarse sobre si el siguiente paso será aprobar un estado de alarma parcial en el que caso de que así lo solicite el presidente de la Generalitat, Quim Torra, alegando que este tipo de decisiones requieren reflexión por parte de distintos órganos de Gobierno con la "maduración y el sosiego necesarios".

No obstante, ha reconocido que se está estudiando modificar la Ley de los estados de excepción, alarma y sitio, para evitar que sea necesario recurrir al estado de alarma para poder dictaminar confinamientos locales o regionales en casos de pandemia.

Sin embargo. Si ha afirmado que "el Gobierno decía la verdad cuando hablaba de que no había 'plan b' al estado de alarma", ha subrayado Campo al referirse la decisión de la juez de guardia de Lleida de no ratificar el confinamiento aprobado por el Gobierno catalán por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià (Lleida).

Ha considerado que es preciso "romper el apasionamiento y analizar" esta cuestión teniendo en cuenta que cuando se decretó el estado de alarma por el Gobierno había que hacerlo bien y con responsabilidad, y por ello no se utilizó un periodo de alarma más amplio y se acudió en tantas ocasiones al Congreso a obtener el aval del legislativo.

Así sobre la propia investigación del Rey Juan Carlos I, el titular de Justicia ha reiterado que "todos somos iguales ante la ley" y que existe la "presunción de inocencia".

En este sentido, ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" y "confianza" en la Fiscalía para que, con su "autonomía" de actuación, y en el Poder Judicial, con su "independencia", pongan "negro sobre blanco en lo que haya que poner, si hay que poner". "Tenemos los mecanismos, dejémosles que funcionen", ha concluido.

Rey emérito

Sobre la posibilidad de que la justicia suiza llame a declarar al Rey emérito no se ha querido pronunciar: "Tendríamos un ministro que se metería en asuntos judiciales y es lo último que debería hacer", ha dicho.

Finalmente, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mostrado su satisfacción por como ha transcurrido la jornada electoral en Galicia y País Vasco, y tras dar la enhorabuena a Iñigo Urkullu y a Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado que los resultados demuestran que se premian las "propuestas constructivas y serenas" ante el "frentismo oportunista".

Renovación del CGPJ

Sobre la renovación del Consejo Genreral del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales concluyeron su mandato hace ya año y medio, el ministro, ha comentado que "lo llamativo es no disponer aún de un acuerdo parlamentario, puesto que el legislador previó mandatos de cinco años para un órgano cuyos miembros no deben repetir".

En clara referencia al Partido Popular, aunque sin citarle, el titular de Justicia ha manifestado que "aquellos que no potencian su renovación no saben el daño que hacen a las instituciones".

"Desde el minuto uno estoy hablando con todas las fuerzas políticas para lograr la renovación", al tiempo que ha defendido, pese a calificarle de "perfeccionable" el actual modelo, que permite que los jueces propongan a la Cortes los nombre los candidatos para ocupar los doce puestos de vocal de origen judicial.

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez está en la búsqueda de la solución y ha añadido que la política ofrece la "flexibilidad y cintura" necesarias "para buscar las fórmulas" como ya se hizo en 1978 con el Estado de las autonomías.

Novedades en Justicia

Con respecto a los asuntos propios de la cartera de Justicia, Campo ha hablado sobre la importancia de la digitalización de la Justicia  y ha destacado la creación de unas oficinas municipales de información, asistencia y tramitación de asuntos "enfocadas a evitar que los ciudadanos se tengan que desplazar a los partidos judiciales".

El ministro ha asegurado que las Oficinas de Justicia, que se desplegarán "pronto" por todo el territorio español, serán "muy útiles para las personas mayores", ya que dispondrán de personal especializado, que les prestarán una asistencia para realizar los trámites.

Con todo ello, el ministro ha recordado que este proyecto entra dentro de unos de sus principales objetivos al frente del Ministerio, que es "hacer un servicio público centrado en las personas". 

Así, además del plan de choque para la vuelta a la normalidad de los tribunales, ante la previsible avalancha de asuntos civiles, mercantiles, laborales y contencioso-administrativos derivados de las consecuencias del covid-19, ha recordado que se han aumentado los medios para promover iniciativas que eviten daños a las pymes, así como las facilidades que se han dado para la reestructuración de las empresas con problemas de liquidez y la segunda oportunidad. 

Por último, el ministro también ha incidido en las reformas legislativas que tiene pensadas acometer, como la ley del derecho de defensa y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Sobre esta última, por la que se pretende otorgar las instrucciones de las causas penales a los fiscales, ha señalado que es una ley que hay que "potenciar" porque lleva "esperando 140 años". Por ello, ha pedido que se realice sin prisas: "No puede ser que fracase por la precipitación", ha concluido.