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Las firmas de criptomonedas informarán a Hacienda de las operaciones de los usuarios a partir de enero de 2026

  • La Administración conocerá los movimientos hechos en la UE
Criptoactivos. | iStock

Eva Díaz
Madrid,

El Ministerio de Hacienda arranca la elaboración de un nuevo Real Decreto para sacar adelante un Reglamento con las nuevas obligaciones de información para los operadores y proveedores de criptoactivos.

A partir del próximo 1 de enero de 2026, según informa la Administración que encabeza María Jesús Montero, estas compañías deberán informar a Hacienda de los movimientos que realicen los residentes españoles con este tipo de activos digitales.

La Administración obligará a todos estos proveedores y compañías que den servicios en nuestro país a registrarse y a comunicar diligentemente todas las operaciones, con el objetivo de evitar el fraude fiscal de los contribuyentes.

sta nueva obligación forma parte de la nueva Directiva europea para reforzar el intercambio de información entre los países europeos con el objetivo de evitar el fraude fiscal, más conocida como DAC 8, de modo que Hacienda también tendrá información de los movimientos con criptomonedas de los residentes españoles en otros países de la UE.

La Directiva debe estar transpuesta en nuestro país antes del 31 de diciembre de 2025. La transposición se está llevando a cabo a través del anteproyecto de ley que modifica la Ley General Tributaria. Esta futura norma también amplía las entidades financieras que deben informar a Hacienda sobre las cuentas de clientes y saldos, donde por primera vez entrarán las entidades de pago y de dinero electrónico y permitirá al fisco, también por primera vez, embargar criptomonedas de contribuyentes deudores.

Para poder ejecutar la futura ley, el Ministerio de Hacienda ya prepara el Real Decreto con el Reglamento que permitirá el registro de estos operadores de criptoactivos y el modelo para remitir información, así como la modificación del Reglamento General de Recaudación para r embargar monedas digitales, según la consulta pública sometida a trámite el 30 de abril.