La Fiscalía lleva al Supremo el rechazo del Banco de España a informar de los intereses que paga a la banca por sus depósitos
- Recurre el fallo de la Audiencia Nacional que respaldó al organismo
- El supervisor se negó a darle a Sumar los datos desglosados por entidades
- Los diputados esgrimían que eran necesarios para diseñar la política fiscal
Eva Díaz
Madrid,
La Fiscalía lleva al Tribunal Supremo la negativa del Banco de España de informar sobre los intereses que le paga de forma desglosada a cada entidad financiera por los depósitos que tiene desembolsados en el organismo supervisor.
El Ministerio Público ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 15 de enero que dio la razón al Banco de España y señaló que el hecho de que la entidad se reserve esta información no vulnera el derecho de acceso a la información de los ciudadanos ni de sus representantes políticos.
Además, la Audiencia determinó que la información sobre la facilidad de depósito (es decir, los intereses que el supervisor bancario paga a las entidades por depositar sus fondos) transciende más allá del ámbito nacional enmarcándose en la política monetaria europea y suponen un instrumento de la misma que permite al Banco Central europea (BCE) aumentar o retirar liquidez del sistema financiero a plazo de un día.
El litigio parte de una demanda de Sumar ante la Audiencia contra el Banco de España por negarse a aportar esta información de los años 2022 y 2023. Concretamente, el supervisor sí informó del monto que paga a las entidades en su conjunto, pero se negó a desglosarlo banco por banco por secreto profesional.
Tres diputados de Sumar acudieron al Juzgado Central alegando que el organismo vulneraba el derecho de ciudadanos y políticos de acceder a la información de las Administraciones y que la información requerida era necesaria para diseñar la política fiscal y defender los intereses de los clientes minoristas.
Asimismo, también argumentaron, sin éxito, ante la Audiencia que el Banco de España no motivó su negativa y que la información sobre los depósitos no daña el interés privado de ninguna entidad.
Ahora la Fiscalía acude al Supremo y señala que denegar el acceso a esta información vulnera la Constitución, que su artículo 23 defiende el derecho de los ciudadanos y los diputados a ser informados.