Salvador González, presidente de la Abogacía: "El plan del Gobierno para mejorar la pensión a los abogados es insuficiente"

Salvador González Marín (Málaga, 1966) afronta desde el pasado mes de julio la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española tras obtener el 58% de los apoyos en las elecciones de junio. González Marín llega al cargo en medio de relevantes retos para el gremio como la transformación tecnológica, ahondar en la conciliación y desconexión digital de los profesionales, mejorar el turno de oficio y garantizar una pensión mínima a todos aquellos profesionales que han aportado durante años a la Mutualidad de la Abogacía, pero que ahora ven que recibirán una prestación de 700 euros al mes que les impedirá jubilarse. El nuevo presidente, que ya se ha reunido con el Ejecutivo este verano, advierte que la reforma de la Seguridad Social que prepara el Gobierno para garantizar una pensión digna a los abogados de la Mutualidad es insuficiente, ya que solo se centra en solucionar determinados casos de vulnerabilidad.

Pese a su reciente toma del cargo, ya se ha reunido con el Ejecutivo para, entre otras cuestiones, abordar el problema de muchos profesionales que tras años de aportar a la Mutualidad de la Abogacía, ahora descubren que la pensión que les va a quedar no llega a la mínima. ¿Cómo están las negociaciones?

El Ministerio de Seguridad Social nos ha dado alguna pincelada sobre por dónde va la propuesta para abordar esta cuestión y creemos que no va a dar satisfacción al colectivo. La Administración habla de solucionar situaciones de necesidad o vulnerabilidad, pero desde el colectivo reclamamos derechos. No se trata de solucionar una situación de vulnerabilidad sino de ver por qué hemos llegado a la situación en la que estamos, qué elementos han intervenido; la Seguridad Social ha mantenido un sistema que no está dando esa pensión digna. En cualquier caso sí quiero poner en valor que desde el Ministerio se ha atendido a la realidad de que hay un problema y se ha puesto encima de la mesa una solución. Lo valoro positivamente, pero la solución no es la que procede.

¿Qué reclaman a la Administración para solucionar el problema?

El colectivo lo que pide es que se respeten los principios profesionales en cuanto al derecho a una pensión digna que recoge el artículo 50 de la Constitución. Estamos pidiendo que se tenga en cuenta que ese derecho pivota sobre la necesidad de que haya una cobertura universal que, en este, caso se ha canalizado a través de mutualidades, primero de forma obligatoria, luego voluntaria, pero siempre tutelado por la Seguridad Social. Eso nos lleva a que tenemos que conseguir que la situación de los pensionistas de mutualidades de la abogacía sea equivalente en derecho a la de los profesionales que están en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Y si la solución final del Ministerio no es la que piden, ¿qué pasará?

No sé en qué momento el Ministerio va a sacar su propuesta y espero que sea lo antes posible, pero toda propuesta es susceptible de mejora a través de otra reforma. Seguiremos pidiendo el reconocimiento de derechos.

El Consejo de Ministros aprobó esta semana dotar con 200 millones de euros a Unión Profesional para formar a 80.000 profesionales en digitalización e IA. El Consejo General de la Abogacía ha liderado el proyecto, ¿cómo entró el órgano a negociar las ayudas?

Una de nuestras preocupaciones y funciones es potenciar la formación de nuestros colegiados y en ese ámbito vimos la oportunidad de acceder a los fondos del PERTE. La anterior presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, era también presidenta de Unión Profesional y estableció una línea de trabajo para integrar a todas las profesiones. El proyecto se ha hecho colaborando, escuchando a todas las profesiones de forma conjunta, y asumiendo todas las inquietudes en materia de formación y digitalización de los distintos colectivos.

¿En qué materias se va a formar a los profesionales de la abogacía?

Hoy en día la relación de los abogados con la Administración de Justicia es digital. Además, el Ministerio está implantando una batería de propuestas tecnológicas y los abogados tienen que acceder a ese nuevo funcionamiento, muy digital, muy online, que pretende avanzar en la eficiencia de la justicia. Que nuestros profesionales tengan una alta formación en digitalización les va a servir para potenciar esa relación eficiente con la Administración, pero también en el trabajo interno de los despachos, en la relación con los clientes o en el tratamiento de la información jurídica y de los datos. Además, en materia de Inteligencia Artificial (IA), los profesionales debemos tener claro cuáles son los riesgos que implica su uso tanto en la Administración como en los despachos.

¿Qué hoja de ruta se marca para los próximos cuatro años en la presidencia?

Los objetivos están en nuestro día a día y son representar a la abogacía, defender sus intereses y la profesión. Tenemos que lograr que un colectivo tan amplio como este, con 250.000 colegiados, se sienta representado. La profesión es muy diversa en cuanto a territorialidad y actividad profesional y los tamaños de despacho muy distintos. Queremos representarlos a todos.

El legislador está avanzando para mejorar la conciliación del gremio en las nuevas leyes en materia de justicia, ¿le parece suficiente?

La modificación legal que recoge permisos por nacimiento de un hijo o enfermedad recoge muchas situaciones que eran necesarias, pero tenemos que profundizar en su cumplimiento y que funcione en cada uno de los juzgados y tribunales del país. Por otro lado, tenemos que avanzar normativamente en la cuestión de la desconexión digital, que no recoge la norma, y que el abogado pueda tener un tiempo de descanso en el que no tenga una notificación o le entre un plazo.

España es el tercer país de la UE con la remuneración más baja para los abogados del turno de oficio, ¿trasladó este problema al Ministro de Justicia Félix Bolaños en su reunión de agosto?

Fue una de las cuestiones principales que abordamos y admitió que era necesario mejorar dos aspectos: conseguir una nueva ley de justicia gratuita que consiga una mejor retribución y, también la modificación y actualización de los baremos para que sea automática y se actualice al igual que lo hacen los salarios o el precio de los servicios.