España se juega esta semana la indemnización por despido con la resolución final de Europa

España se juega esta semana la indemnización por despido. El Consejo de Ministros tiene de margen hasta el próximo sábado día 20 para publicar la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre si la normativa nacional en materia de despido cumple o no con la Carta Social Europea.

El Comité ya avanzó el pasado 20 de marzo sus conclusiones en las que apuntó que la legislación española topa el despido improcedente a 33 días por año trabajado y, por tanto, no garantizar una indemnización adecuada o una reparación apropiada al trabajador, tal y como exige la Carta Social Europea. Desde ese día empezó a correr el plazo de los cuatro meses para que el Ejecutivo publique la resolución final en respuesta a la denuncia de UGT de marzo de 2022.

A pesar de que el documento completa aún se desconoce, varios tribunales ya han aplicado la decisión del Comité conocida en marzo. El primero en hacerlo fue el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en un fallo del 23 de abril, obligando a una entidad a pagar a un empleado que despidió una indemnización adicional de 30.000 euros. Resolvió el caso de un trabajador que dejó un empleo indefinido porque un ayuntamiento le prometió un contrato de al menos un año, con un máximo de hasta tres años. Sin embargo, el consistorio echó al trabajador al mes alegando un error en la contratación. Así estimó la indemnización proporcional a la pérdida sufrida (es el salario que hubiera percibido si hubiera trabajado un año) y suficientemente disuasoria para el empleador.

Por otro lado, el Tribunal Supremo también analiza desde el pasado 21 de mayo la legalidad de la indemnizar el despido por encima de los 33 días de salario. No obstante, el auto del Alto Tribunal advertía que solo entrará a discutir la cuestión que trata el recurso, es decir, si los trabajadores merecen una compensación mayor por lucro cesante a la definida por la norma en el despido improcedente. El tribunal deja fuera, de momento, un análisis sobre la legalidad de una indemnización adicional por daños morales. La necesidad de jurisprudencia es acuciante puesto que en la actualidad cada juez resuelve los asuntos de manera distinta.

Reforma congelada

Por su parte, el Gobierno pretende reformar el despido, aunque de momento ha congelado su pretensión, a la espera de la decisión final del Comité Europeo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aboga desde 2022 por restringir las causas económicas que justifican los ceses con indemnización a 20 días por año trabajado, lo que supondría derogar la reforma laboral del PP de 2012. Asimismo, Díaz también defiende unas indemnizaciones variables en función de cada asunto, lo que podría dar lugar a incrementar estas compensaciones por encima de los 33 días por año trabajado con el límite de 24 mensualidades.