Los fiscalistas ven inconstitucional la propuesta del PSOE para endurecer Sociedades, tras tumbar el TC los cambios de Montoro
- Dicen que contraviene los principios consagrados por la Carta Magna...
- ...de capacidad económica, seguridad jurídica e irretroactividad
Eva Díaz
Madrid,
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) tacha de inconstitucional la enmienda planteada por el PSOE al conocido como decreto ómnibus para endurecer el Impuesto de Sociedades, tras tumbar el Tribunal Constitucional en enero los cambios que introdujo en el tributo el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2016.
La AEDAF señala que el PSOE, a través de esta enmienda, no solo quiere recuperar los cambios que anuló la Corte de Garantías sino, además, endurecerlos.
La enmienda plantea establecer límites a la compensación de bases imponibles negativas y a la aplicación de deducciones por doble imposición para las grandes empresas; con redacción idéntica a la de la norma de 2016. También persigue extender a 2024 la medida temporal para 2023 que limitó a los grandes grupos la compensación de pérdidas al 50%. Finalmente, la enmienda, y aquí está la mayor restricción, obliga a los empresas a revertir en un solo ejercicio los deterioros de cartera deducidos en el pasado que aún estuvieran pendientes de integración, cuando el Real Decreto-ley de Montoro lo permitía en cinco años.
La AEDAF indica que estos cambios no atienden a la situación económica real de las empresas y obliga a tributar por ingresos ficticios, lo que viola el principio de capacidad económica que protege la Constitución. Además, señala que contraviene el principio de seguridad jurídica porque se pretende recuperar una norma que ha sido expulsada del ordenamiento jurídico y también sería una ley retroactiva porque pretende sanar un vicio de constitucionalidad ya declarado y con efectos hacia el pasado.
La asociación ha remitido a todos los grupos parlamentarios un documentos de aportaciones al debate parlamentario sobre la enmienda que también incorporan sugerencias de regulación alternativas para contrarrestar "los efectos más perniciosos" del cambio legislativo propuesto.
Pérdida de recaudación
El PSOE justifica esta enmienda en la necesidad de paliar la pérdida recaudatoria derivada de la expulsión del Real Decreto-ley de 2016 del ordenamiento jurídico. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, la Administración tendrá que devolver a las compañías 2.800 millones de euros por la declaración de inconstitucionalidad de la norma. Según los últimos datos de recaudación por esta norma, correspondientes a 2017, la Agencia ingresaría al año casi 1.300 millones de euros más por los cambios de Montoro.