La ley para echar 'okupas' en 24 horas se atasca en el Congreso: lleva 11 prórrogas del plazo de enmiendas

La ley para echar a los okupas en 24 horas se atasca en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja admitió a trámite el pasado 20 de febrero la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal procedente del Senado, donde el PP tiene mayoría, pero la tramitación del texto se ha congelado en un bucle de ampliaciones del periodo para presentar enmiendas.

Concretamente, el periodo para presentar enmiendas comenzó el 23 de febrero y debía finalizar el pasado 12 de marzo. Sin embargo, desde entonces ya se ha ampliado el plazo para presentar enmiendas en hasta 11 ocasiones. Este martes fue la última vez que se prorrogó hasta el próximo 29 de mayo. Cabe destacar que, en ocasiones, las leyes no salen adelante porque se atascan en una continua ampliación del periodo para presentar enmiendas y se quedan en esa situación hasta que acaba la legislatura y, con ella, decaen.

Esta norma plantea que una vez que una autoridad pública requiera el desalojo de un inmueble ocupado de manera ilegal, el ocupante debe dejar la vivienda en 24 horas o demostrar que tiene autorización para estar en ella. En caso de que no puedan acreditarlo, los agentes procederán a echar al ocupante.

Además, también propone endurecer el Código Penal para incrementar las penas de prisión de los okupas, que podrían alcanzar los tres años (frente a los dos actuales) en el caso de que la usurpación de la vivienda se haya hecho con violencia e intimidación. Si la ocupación se hace sin violencia, la condena ascendería entre seis y 18 años de cárcel, frente a las actuales multas de tres a seis meses).

Asimismo, busca proteger a las comunidades de propietarios con inmuebles okupados dándoles potestad para denunciar ante las autoridades conductas perjudiciales para la finca y pedir al propietario de la vivienda que tome medidas preventivas, como tapiar puertas y ventanas. Si los okupas realizan actividades prohibidas, podrán ser desalojados de inmediato.

Finalmente, el texto busca que la Administración devuelva al propietario de la vivienda ocupada el IBI y el Impuesto de Patrimonio que ha pagado por el inmueble.