Los inspectores de Hacienda denuncian la politización en la elección de directivos

Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denuncian que el nuevo sistema de elección de los directivos públicos propicia su politización, ya que pueden ser nombrados aunque no sean funcionarios de la Administración.

El Ejecutivo aprobó el pasado diciembre un Real Decreto-ley para sacar adelante nuevas medidas para la plantilla de la Administración (como la obligación de evaluar la productividad de los funcionarios) entre las que modificó la designación del personal directivo. El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha terminado de desarrollar la forma de elección de estos directivos en una Orden publicada el pasado 30 de abril en el BOE.

La Asociación Profesional representativa del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda denuncia en un comunicado emitido este martes que la norma mantiene que los directores generales, secretarios de estado o subsecretarios podrán seguir siendo nombrados con arreglo a criterios políticos y no técnicos y "se amplía aún más el abanico de la politización de la Administración al contemplar como directivos a quienes tienen el rango de subdirector que ahora, podrán también ser elegidos entre personas que no pertenezcan a ningún cuerpo funcionarial, algo inédito en nuestra Administración Pública".

Los inspectores critican que el acceso para ser directivo público se haga a través de entrevistas y un cuestionario de autoevaluación puesto que dará lugar "a la arbitrariedad en la selección de quién va a ocupar un puesto de responsabilidad dentro de la Administración Pública".

Asimismo, también consideran inadmisible que no se exija especialización a estos directivos, algo que debería requerirse en el ámbito de los puestos directivos de la Agencia Tributaria. "Nada de claridad, especialización y concreción y mucha opacidad en los criterios que se exigen para ocupar cargos directivos", puntualizan.

La asociación reprocha que "España se aleja de la necesaria objetividad y preparación que deben tener nuestros funcionarios y quienes ocupen los puestos de mayor responsabilidad, en particular en la Administración tributaria". De este modo, "la reforma de la función pública va encaminada hacia una desprofesionalización y una absoluta falta de competencia, que va a generar un retroceso en la prestación de los servicios públicos y una desconfianza de los ciudadanos en nuestras instituciones".

Además, consideran que no hay razón que justifique la extraordinaria y urgente necesidad de reformar la Administración a través de la figura del Real Decreto-ley, que además impide el debate parlamentario.

Finalmente, los inspectores de Hacienda también reivindican la autonomía de la Agencia Tributaria para la elaboración y aprobación de su oferta de empleo público así como para el régimen de acceso a los cuerpos, escalas y especialidades que se le adscriben.