Jueces y fiscales denuncian el privilegio de que los políticos no puedan ser imputados

Asociaciones de jueces y fiscales denuncian que el régimen de aforamiento que tienen los políticos (solo pueden ser imputados por determinados tribunales) es un "privilegio" que acentúa la percepción de politización de la Justicia.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han emitido este martes un comunicado con motivo de la 4ª reunión con la Comisión Europea para evaluar el Estado de Derecho en España en el que denuncian que llevan una década pidiendo medidas para despolitizar la Justicia y medios personales y materiales, sin que ningún gobierno ponga solución.

"La situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene un impacto significativo en la percepción pública de la independencia judicial y en el funcionamiento de los tribunales debido a la imposibilidad de cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los tribunales. El Greco (Grupo de Estados Contra la Corrupción) reclama desde el año 2013 que los vocales jueces del Consejo sean elegidos por los jueces", apunta el comunicado.

Asimismo, las asociaciones señalan que los ataques a miembros del poder judicial procedentes de las autoridades políticas, y las acusaciones de lawfare (actuar conforme a motivaciones políticas) hacia jueces y fiscales por parte de responsables de las instituciones políticas minan gravemente la confianza en la judicatura. "Es inadmisible que los jueces y fiscales sean llamados al Parlamento en comisiones parlamentarias que tienen por objeto investigarlos", destacan.

Además, apuntan que las puertas giratorias entre política y Justicia son un grave problema en España para jueces y fiscales. "Mientras la Constitución dice que el régimen de incompatibilidad debe asegurar la total independencia, la legislación que favorece el billete de ida y vuelta es problemática desde el punto de vista de la separación de poderes y de la necesaria independencia de los jueces y los fiscales en el fondo y en la forma", añaden.

Finalmente, denuncian que la promoción profesional de jueces y fiscales basada en sistemas de nombramiento discrecional, poco transparentes, afecta a la confianza de la sociedad en el poder judicial y en la Fiscalía y añaden que, pese a que en diez años se jubilará un tercio de la carrera judicial no existe planificada ninguna medida para hacer frente a la falta de jueces.