Hacienda abre inspecciones masivas para controlar las deducciones por I+D

La Administración abre inspecciones masivas sobre las deducciones por I+D+i tanto en el Impuesto de Sociedades como en las cotizaciones de los trabajadores. Los controles de Hacienda y Trabajo sobre estos beneficios ahuyenta a las empresas de aplicarlas ante las complicaciones que suponen, según señala Belén Velasco, directora de I+D+i en BDO Abogados.

La Agencia Tributaria ya ha aviso de que este 2024 incrementará las inspecciones en materia de I+D+i. "Los ámbitos prioritarios de actuación sobre grupos fiscales, con independencia de la dimensión y estructura de estos, se desarrollarán especialmente en relación con las deducciones, particularmente las de innovación tecnológica en el ámbito informático", admite Hacienda en su hoja de ruta para 2024.

En la actualidad, se puede deducir en Sociedades hasta el 25% de los gastos dedicados a investigación y desarrollo; el 12% de los destinados a innovación tecnológica; y el 8% de las inversiones en inmovilizado material e intangibles afectas a actividades de I+D. La deducción conjunta no puede superar el 25% de la cuota íntegra.

La Administración quiere controlar que las empresas no incluyen gastos no deducibles como los de actividades que no impliquen una novedad significativa o gastos no relacionados directamente con I+D.

Al férreo control del fisco, se suma el de la inspección de Trabajo que desde inicios de 2023 abrió controles masivos sobre las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social por tener empleados dedicados a actividades de I+D+i. El Ejecutivo endureció estas ayudas el año pasado al limitar su aplicación a tres años por empleados (antes era de por vida) y establecer que si se contrata a un trabajador que ya se benefició de la bonificación hay que esperar un año para aplicarla.

Belén Velasco, de BDO, señala que parece que el objetivo de Trabajo es dar fin al incentivo y, de hecho, apunta que ya hay empresas que van a aguantar los incentivos para los trabajadores que ya los tienen, pero no van a incluir a nadie más ante lo poco que duran, la complejidad para conseguir la certificación y el control de la Administración.

Para beneficiarse de estos incentivos, las compañías deben tener un certificado de una agencia externa que ratifique que los empleados desarrollan actividades de I+D. Un documento que requiere tiempo y dinero (unos 10.000 euros) y que solo sirve para tres años. Después, deben obtener el informe motivado del Ministerio de Ciencia para trasladarlo a la Seguridad Social. Inicialmente no había ningún mecanismo marcado para remitir este documento a la Seguridad Social y cada empresa lo enviaba a su manera, bien lo llevaba en papel a la Tesorería o lo mandaban por correo electrónico, hasta que se habilitó un apartado en el sistema RED para reportar la documentación.

La deducción que consiguen las empresas por empleado es de entorno a 5.000 euros al año, lo que para una firma dedicada a videojuegos que tenga 150 trabajadores puede suponer un ahorro de 750.000 euros en cotizaciones.
Velasco explica que desde que se puso en marcha el incentivo no se había realizado ninguna inspección ni solicitado el informe motivado a ninguna empresa. Sin embargo, a partir del año pasado, la Seguridad Social comenzó a hacer revisiones de todos los expedientes. "En aquellos casos en los que no se encuentra el informe motivado, lo solicita y reclama la devolución de los ahorros", señala la experta. "De aquí la importancia del asesoramiento externo, hay empresas que no sabían que tenían que presentar el informe y se les está requiriendo una barbaridad de dinero", concluye.