Los jueces se plantan contra el 'lawfare': es un ataque a la independencia judicial y la separación de poderes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las cuatro asociaciones judiciales y los Jueces Decanos de los partidos Judiciales de 80 provincias de España se han puesto en pie de guerra contra el acuerdo de PSOE y Junts para la investidura del actual presidente Pedro Sánchez. El pacto, señalan, contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.

"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes" tal y como apuntan en un comunicado remitido este jueves las asociaciones de jueces, al que este viernes se han adherido los Jueces Decanos.

Las cuatro asociaciones firmantes (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) muestran su "rechazo" por las referencias al lawfare o judicialización de la política del pacto y sus consecuencias.

Por su parte, el CGPJ señala que ante las "inadmisibles referencias" al lawfare contenidas en el acuerdo "nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales". "Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos", exponen.

Finalmente, el CGPJ expresa su apoyo real a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos.

Concretamente, el acuerdo de PSOE y Junts dice respecto a la Ley de la Amnistía que debe incluir a responsables y ciudadanos que han sido objeto de decisiones y procesos judiciales vinculados con la consulta de 2014 y el referéndum de 2017. "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la Ley de Amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que en su caso puedan dar luegar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

El comunicado de las asociaciones judiciales señala que los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. "Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", denuncian las asociaciones.

"Desprecio al Estado de Derecho"

Por su parte, la Asociación de Fiscales ha mostrado su "más firme oposición" a esta medida que tacha de "ataque sin precedentes a la independencia judicial" y se traduce en un "absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho".

"Es inadmisible la utilización del término "guerra judicial" (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente", denuncian en un comunicado emitido este jueves.