El exjefe de Atlantia, bajo arresto por "atentado a la seguridad" y fraude

Giovanni Castellucci, el antiguo consejero delegado de Atlantia que selló en 2018 la adquisición de Abertis, se encuentra desde este miércoles en arresto domiciliario junto a otros cinco ejecutivos de la concesionaria Autostrade per l'Italia (ASPI), controlada de Atlantia.

La Fiscalía de Génova les acusa de "atentado a la seguridad del trasporte" y fraude en el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el Estado, con el propósito de incrementar las utilidades de la sociedad.

La investigación está vinculada con el derrumbe del viaducto Morandi: de hecho, buscando las responsabilidades de la tragedia que el 14 de agosto de 2018 causó la muerte de 43 personas, los fiscales no solo encontraron evidencias de manipulación en los informes de mantenimiento del puente derrumbado, sino que se toparon también con otras irregularidades, empezando por la falta de renovación de las barreras acústicas de las autopistas.

Según la orden judicial que llevó a la detención de Castellucci, los ejecutivos de Aspi, encabezados por el antiguo consejero delegado, no renovaron las barreras deterioradas para "evitar los considerables gastos que se habrían generado". Los jueces indican que los ejecutivos de la concesionaria eran conscientes de que estas instalaciones eran defectuosas y representaban un peligro para la seguridad pública.

El Movimiento 5 Estrellas, después del derrumbe del viaducto, pidió rescindir el contrato de concesión a Aspi y devolver la gestión a manos públicas

Aspi comunicó que las barreras fueron renovadas durante los últimos dos años y suspendió del servicio a los ejecutivos detenidos. Castellucci dimitió hace un año al cargo de consejero delegado de Atlantia que ocupaba desde 2006, dejando todos los puestos y cargos que tenía en empresas y filiales del grupo. Atlantia y Castellucci acordaron una indemnización de despido de 13,09 millones en cuatro años, aunque el grupo se reservó el derecho a no pagar y recuperar el dinero en caso de que se demuestre algún tipo de negligencia en su gestión.

Mientras tanto, Atlantia se enfrenta a un pulso con el Gobierno italiano sobre el control de la principal red de autopistas del país transalpino. El Movimiento 5 Estrellas, partido de mayoría relativa, después del derrumbe del viaducto, pidió rescindir el contrato de concesión a Aspi y devolver la gestión a manos públicas, aunque el recorrido legal de la medida es largo. El presidente Giuseppe Conte está buscando una solución más sencilla e inmediata, a través de la nacionalización de Aspi por mano del banco público CDP. Atlantia, a través de su principales accionistas, la familia Benetton, rechazó los 9.500 millones ofrecidos por CDP y los fondos Blackstone y Macquaire, aunque seguirá negociando.