Hong Kong retira de la polémica ley de extradición tras tres meses de protestas

Hong Kong ha retirado este miércoles la polémica ley de extradición al territorio continental chino, la norma que ha provocado las manifestaciones de los últimos meses contra el dominio de Pekín y que quedó suspendida en su tramitación parlamentaria por la presión de las movilizaciones.

Así, el Gobierno accede finalmente a una de las cinco demandas de los manifestantes, que llevan tres meses llenando las calles de Hong Kong para protestar por la medida y para mostrar su rechazo al dominio de Pekín.

Tras la presión de las manifestaciones masivas, Lam decidió el 15 de junio suspender la tramitación de la norma aunque no accedió a retirarla de su tramitación parlamentaria. El proyecto de ley impone la extradición de supuestos delicuentes a jurisdicciones con las que Hong Kong no tiene un tratado, incluido el territorio continental chino.

Los manifestantes exigen al Gobierno la creación de una comisión de investigación sobre la represión policial

Los manifestantes han mantenido sus protestas tres meses y sostienen que mientras la norma no sea retirada el Ejecutivo que lidera Lam puede retomar en cualquier momento su tramitación para aprobarla durante el actual periodo legislativo, que termina en 2020.

Lam defendió inicialmente su decisión de suspender la tramitación manteniendo el proyecto de ley y aseguró que el Gobierno tiene derecho a impulsar ese texto legal más adelante si lo considera oportuno. Un día después de la suspensión de la tramitación de la norma, cerca de dos millones de personas se manifestaron el 16 de junio en Hong Kong para exigir su retirada y, desde entonces, las movilizaciones se han mantenido.

La líder de Hong Kong tiene previsto reunirse este miércoles por la tarde con aliados de la élite gubernamental en su residencia oficial, incluidos los 43 parlamentarios de la Asamblea de la antigua colonia británica.

Además de la retirada de la ley de extradición, los manifestantes han exigido al Gobierno la creación de una comisión de investigación sobre la represión policial de las protestas, una amnistía para los manifestantes detenidos, la reactivación del proceso de reformas políticas y que las autoridades dejen de definir las movilizaciones como disturbios.