Las grandes constructoras se ofrecen para ejecutar el plan de rearme de la UE de 800.000 millones

Las constructoras españolas observan una gran oportunidad en el plan de rearme de la Unión Europea (UE) anunciado de hasta 800.000 millones de euros, de los que 150.000 millones se instrumentarían a través de préstamos a los Estados miembro.

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) considera que esta iniciativa representa una oportunidad de inversión en infraestructuras estratégicas en corredores transeuropeos, conexiones transfronterizas, líneas ferroviarias y conexiones ferro portuarias.

La organización, que aglutina firmas como ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA, subraya el papel de las infraestructuras como palanca estratégica de recuperación de la UE y, en línea con los informes Draghi y Letta, advierte de que el ratio de inversión pública en la UE es inadecuada. Máxime si se compara con la evolución que presentan Estados Unidos y China. Así, la formación bruta de capital fijo (FBCF) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) se ha deteriorado en 26 puntos desde 1970 en la UE mientras que en el mercado estadounidense mantiene prácticamente en los mismos niveles (sube 1 punto) y en el gigante asiático crece en 28 puntos.

En el periodo 2025-2026 España será el país de la UE con la menor ratio de inversión pública

En este escenario, además del plan de rearme, Seopan urge a Bruselas a dar continuidad al programa Next Generation EU con un nuevo plan de impulso que ayude a recuperar la cuota perdida en la economía global y reducir la brecha con Estados Unidos y China en productividad y crecimiento per cápita y en ratio de inversión y de innovación sobre el PIB.

En el caso de España, la situación es aún más alarmante. A pesar de un ligero incremento (+0,5%) de la inversión hasta el tercer trimestre de 2023, Eurostat anticipa que en el periodo 2025-2026 será el país de la UE con la menor ratio de inversión pública, con 2.314 euros por kilómetro cuadrado y millón de habitantes, ampliando la brecha con Alemania, Italia y Francia, que invertirán un 49,6%, 52% y 24,3% más, respectivamente.

La patronal de las grandes constructoras, de hecho, tiene identificadas necesidades de inversión en infraestructuras en España por valor de 349.000 millones de euros para su ejecución hasta 2035. De ellas, 157.000 millones se corresponden con infraestructuras planificadas, 113.000 millones a actuaciones de modernización y 78.000 millones a proyectos innovadores, con especial relevancia de las infraestructuras de transporte (141.000 millones), energía (97.800 millones) y ciclo integral del agua (94.300 millones).

Sobre el Plan de Recuperación de la UE, Julián Núñez, presidente de Seopan, incide en que en 2024 el 19,2% de la licitación de obra civil correspondió a los fondos europeos. Desde 2019, se han licitado ya 15.279 millones.

Seopan reclama al Gobierno reformar el modelo de contratación pública para cumplir los objetivos de inversión de la próxima década, con nuevas fórmulas de colaboración en los sectores público y privado.

En concreto, la organización demanda diversos cambios regulatorios relacionados con la necesaria obligatoriedad de la revisión de precios y la reactivación del modelo concesional para realizar las inversiones prioritarias que urgen en nuestro país, el impulso de los modelos colaborativos para mejorar la eficiencia en la contratación pública y garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos, la limitación del uso de medios propios por parte de las Administraciones Públicas y la renovación de un sistema de clasificación de contratistas ineficiente y obsoleto.

En este sentido, y ante el continuado incremento de precios en 2024 en acero (+36%), aluminio (+12%), electricidad (+54%), gas (+29,6%) y cemento (+5,6%), Seopan considera preciso restablecer en los pliegos la obligatoriedad del procedimiento de revisión de precios, eliminada en 2015 por la Ley de Desindexación.

Igualmente, según Seopan, es prioritario ampliar el límite máximo revisable de la revisión excepcional de precios del 20% al 30% para reequilibrar los contratos de obras anteriores a 2021, al comprometer gravemente la ejecución de importantes proyectos de alta velocidad y de carreteras del Estado. En este sentido, Núñez ha apuntado a una veintena de contratos cuya ejecución está en riesgo por el alza de los costes, que en algún caso se eleva hasta el 47%. El coste del reequilibrio de estos proyectos se elevaría a 36 millones de euros.

Además, en la rueda de prensa anual celebrada este lunes, Seopan recordó la importancia de impulsar los modelos colaborativos, utilizados recurrentemente en contratación internacional, para garantizar la eficiente ejecución de la obra y el cumplimiento de presupuestos y plazos, recordando que ha remitido a las Administraciones una propuesta de modelo colaborativo de coste objetivo para su implementación en contratos piloto.

La Asociación también señala que la licitación pública de concesiones de obras está en mínimos, con tan solo 11 concesiones licitadas en 2024 de 312 millones de euros, frente a los 5.274 millones licitados en 2023, que tuvieron un ligero repunte por la licitación del Plan de Carreteras de Aragón. El informe anual de supervisión de la contratación de 2024 de OIReScon, hace referencia a que en 2023 las concesiones representaron un 5,1% del total de la contratación y que un 19,3% de las concesiones licitadas quedaron desiertas. OIReScon insta a abordar una modificación reglamentaria para volver a impulsar el mercado de concesiones y hacerlas atractivas para el capital privado.

Seopan también advierte de que el encargo a medios propios para la ejecución de proyectos es una excepción a los principios de libre competencia y concurrencia en la contratación pública y debe aplicarse de forma restrictiva, según determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En 2021-2023, se produjo un crecimiento del volumen de encargos a medios propios del 115%, de 1.935 a 4.093 millones, concentrándose el 64,2% de los encargos en 10 medios propios, especialmente en Tragsa y Tragsatec con el 21% y 17,5%, respectivamente.

Por otro lado, a juicio de la patronal "la insuficiente regulación legal y reglamentaria del sistema español para obtener y renovar la clasificación de contratistas genera inseguridad jurídica, producida, entre otras cuestiones, por los diferentes criterios de los órganos que otorgan la clasificación para la acreditación por medios de cada subgrupo y por la inexistencia de un sistema regulatorio único sobre las condiciones y el procedimiento para obtener la clasificación".