Ferrovial ganará 86 millones al anularse el alza fiscal que aplicó Cristóbal Montoro en 2016

Ferrovial prevé un impacto positivo en sus cuentas de 86 millones de euros por la sentencia del Tribunal Constitucional, del pasado 18 de enero -y publicada oficialmente el 20 de febrero-, que anula varias disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Sociedades introducidas en el Real Decreto Ley 3/2016, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, que limitaban la compensación de bases imponibles negativas al 25%, frente al 70% anterior, y las deducciones para evitar la doble imposición, y que obligaban a revertir las pérdidas por deterioro de participaciones deducidas en ejercicios anteriores.

El Constitucional ha resuelto que la utilización del RD-Ley no es idónea para modificar los elementos esenciales del Impuesto sobre Sociedades y que esta práctica vulnera las exigencias constitucionales. Así, el RDL 3/2016 se considera nulo de pleno derecho.

Como otras compañías, Ferrovial interpuso varias demandas contra la liquidación del Impuesto de Sociedades de los ejercicios fiscales 2016 a 2023, con argumentos alineados con los que propugna la sentencia del Tribunal Constitucional. En virtud de la decisión de anulación, el grupo considera probable obtener una sentencia favorable. De este modo, la estimación de la compañía es poder recuperar 37 millones por los últimos siete ejercicios fiscales.

Ferrovial, que en 2023 incrementó su beneficio neto un 147,7%, hasta 460 millones de euros, no ha registrado impacto alguno en sus cuentas anuales consolidadas del pasado año ya que la sentencia del Constitucional es posterior. El efecto total previsto afectaría a las cuentas de 2024.

Adicionalmente, la firma estima un impacto positivo de 49 millones por la sentencia en su análisis de recuperabilidad de pérdidas fiscales para ejercicios posteriores a 2023, que también se anotaría en las cuentas de 2024.

Ferrovial mudó su sede en junio de 2023 de Madrid a Ámsterdam (Países Bajos) para poder cotizar en Estados Unidos, habiendo negado siempre que el cambio tuviera motivaciones fiscales. El ahorro estimado por el grupo, de hecho, es de apenas 8 millones de euros. Por el contrario, la compañía ha advertido ante los inversores del riesgo de sufrir un golpe fiscal en España ante la oposición que encontró su traslado en el Gobierno de Pedro Sánchez.