Isabel Pantoja ha presentado formalmente una acusación contra varios implicados en el caso Sálvame, en el que denuncia una presunta trama de cohecho y revelación de secretos que, según sostiene, ha afectado gravemente a su vida personal y profesional. La artista solicita una indemnización de 500.000 euros por los perjuicios sufridos, así como penas de prisión e inhabilitación para los acusados.
El escrito, registrado el pasado 14 de enero ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid (NIG 28.079.00.1-2018/0059705), implica directamente al colaborador Gustavo González, al director del programa David Valldeperas, a la productora La Fábrica de la Tele S.L., y al agente de la Policía Nacional Ángel Jesús Fernández Hita. Este último habría accedido de forma ilegal a bases de datos restringidas —como SIDENPOL, SINDEPOL y ARGOS— para obtener información confidencial de Isabel Pantoja y otras 182 personas con proyección pública, entre 2009 y 2018.
Entre los episodios más graves recogidos en la acusación figura el acceso, el 21 de julio de 2017, a la ficha policial de Pantoja y a una denuncia presentada por su hija. Según el documento al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, estos datos fueron utilizados con fines comerciales por el programa 'Sálvame' y difundidos públicamente en televisión. Parte de esta información habría sido facilitada por el agente Fernández Hita a través de Gustavo González y, en algunas ocasiones, a la fallecida colaboradora Mila Ximénez.
La acusación sostiene que todo se realizó con conocimiento y supuesta autorización de los responsables de La Fábrica de la Tele, empresa que producía el programa para Telecinco, cadena de Mediaset España, señalada como responsable civil subsidiaria en el proceso. Seis delitos y penas de hasta 11 años de prisión. La Fiscalía particular ha tipificado los hechos como seis delitos graves:
Cohecho pasivo (art. 419 del Código Penal)
Cohecho activo (art. 424)
Cohecho activo por persona jurídica (arts. 424 y 427 bis a))
Descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público (arts. 198, 197.2 y 197.3)
Descubrimiento y revelación de secretos por particular (arts. 197.2 y 197.3)
Descubrimiento y revelación de secretos por persona jurídica (art. 197 quinquies)
Las penas solicitadas varían entre los 3 y los 11 años de prisión, además de elevadas multas económicas y periodos de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Estas son las condenas propuestas:
Ángel Jesús Fernández Hita: hasta 11 años de prisión, multa de 48 meses y 9 años de inhabilitación.
Gustavo González: hasta 9 años de prisión y multa de 42 meses.
David Valldeperas: hasta 9 años de prisión y multa de 42 meses.
La Fábrica de la Tele, S.L.: multa de 600 euros diarios durante 5 años por cohecho y durante 2 años más por revelación de secretos.
Mediaset España: responsabilidad civil subsidiaria.
La representación legal de Isabel Pantoja, encabezada por la abogada Concepción Ruiz Sánchez y el procurador Argimiro Vázquez Senín, argumenta que la filtración de datos confidenciales "destrozó su vida personal y profesional", afectándola de forma irreversible. El escrito recuerda que Pantoja fue la primera persona en España que, habiendo cumplido su responsabilidad civil y con una condena inferior a dos años, ingresó en prisión. Como medida cautelar, se ha solicitado una fianza de 500.000 euros y la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil. Además, se pide acceso a las declaraciones fiscales de los acusados y de las empresas involucradas correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022, con el fin de evaluar con mayor precisión la cuantía de las sanciones económicas.
"Destrozaron su vida": la defensa de Pantoja
La acusación particular ha solicitado la apertura de juicio oral y presentado una batería de pruebas, incluyendo el interrogatorio de los acusados, testimonios de los inspectores de Asuntos Internos que investigaron el caso, y documentación relacionada con Isabel Pantoja. Este procedimiento, que pone en el centro del debate la protección de datos personales y los límites éticos del periodismo de entretenimiento, podría marcar un precedente en la jurisprudencia española sobre el uso indebido de información reservada con fines mediáticos.