El caso de Dani Alves ha abierto un intenso debate en España sobre el equilibrio entre dos principios fundamentales del derecho penal: la presunción de inocencia del acusado y la credibilidad del testimonio de las víctimas en delitos sexuales. Mientras algunos defienden que nadie debe ser condenado sin pruebas contundentes, otros argumentan que los delitos sexuales rara vez dejan pruebas físicas irrefutables y que el testimonio de la víctima debe ser suficiente cuando es consistente y está respaldado por otros indicios.
La reciente absolución de Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avivado aún más la controversia. La sentencia anuló la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta previamente por la Audiencia de Barcelona, argumentando que el relato de la víctima no era suficiente para sostener la pena. Para el TSJC, las contradicciones en su testimonio sobre lo ocurrido antes de entrar al baño de la discoteca Sutton generaban dudas sobre la falta de consentimiento. En consecuencia, el tribunal aplicó el principio de presunción de inocencia, beneficiando al exfutbolista. Esta decisión ha generado una oleada de críticas, especialmente entre colectivos feministas y expertos en violencia de género, que consideran que el testimonio de la víctima debe ser clave en este tipo de delitos. También ha suscitado preocupación sobre el impacto en otras víctimas de violencia sexual, muchas de las cuales podrían temer no ser creídas y optar por no denunciar.
¿Qué pruebas necesita una víctima para obtener justicia?
El caso Alves ha puesto sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿qué pruebas son necesarias para condenar a un agresor sexual? En la mayoría de estos delitos, la violencia ocurre en privado, sin testigos directos ni pruebas físicas concluyentes. Por ello, el testimonio de la víctima es a menudo el eje central de la acusación. En este caso, el relato de la denunciante estaba respaldado por informes médicos que indicaban la presencia de lesiones compatibles con una agresión sexual, el testimonio de los Mossos d'Esquadra, quienes la encontraron en estado de shock y con un ataque de ansiedad, y el testimonio de empleados de la discoteca que la vieron alterada tras salir del baño. Sin embargo, el TSJC consideró que estas pruebas no eran lo suficientemente contundentes. Para muchos juristas y expertos en violencia de género, este fallo establece un listón demasiado alto para las víctimas, dificultando que los agresores sean condenados. Según este enfoque, si el testimonio de una víctima con pruebas de apoyo no es suficiente, ¿cuántos casos de agresión sexual quedarán impunes?
Presunción de inocencia: un derecho fundamental
Por otro lado, quienes defienden la decisión del TSJC argumentan que la presunción de inocencia es un pilar fundamental del Estado de derecho. Según esta perspectiva, nadie puede ser condenado si hay dudas razonables sobre su culpabilidad, y un testimonio, por sólido que sea, no debería ser suficiente si no existen pruebas concluyentes que lo respalden. En este sentido, algunos juristas alertan sobre el peligro de relajar los estándares probatorios en casos de violencia sexual, pues podría llevar a condenas injustas. Argumentan que la carga de la prueba debe recaer en la acusación, y que es mejor absolver a un posible culpable que condenar a un inocente. El problema de este enfoque es que, aplicado de manera estricta en delitos sexuales, puede hacer casi imposible que una víctima logre justicia, ya que muchas veces no hay pruebas físicas ni testigos directos. De este modo, en la práctica, se corre el riesgo de generar impunidad sistemática en casos de agresión sexual.
El impacto en otras víctimas de violencia sexual
La decisión de absolver a Dani Alves ha generado una sensación de desconfianza en el sistema judicial, especialmente entre mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales. Muchas se preguntan si vale la pena denunciar si, a pesar de aportar pruebas y testigos, su testimonio puede no ser suficiente para lograr una condena. Este es un riesgo real. Según estudios sobre violencia de género, una de las principales razones por las que las víctimas no denuncian es el temor a no ser creídas o a ser revictimizadas durante el proceso judicial. Si la sentencia del TSJC se mantiene, podría reforzar ese miedo y provocar un descenso en el número de denuncias por agresión sexual. Por el contrario, si el Tribunal Supremo revoca la absolución y restablece la condena, enviaría un mensaje claro de que el testimonio de las víctimas es válido y tiene peso en el proceso penal. Esto podría dar mayor confianza a otras mujeres para denunciar agresiones y buscar justicia.
¿Qué puede hacer el Tribunal Supremo?
Ahora, el futuro del caso Alves está en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir si admite el recurso de la Fiscalía y revisa la sentencia del TSJC. Existen tres escenarios posibles:
1. Ratificación de la absolución: Si el Supremo considera que la decisión del TSJC fue correcta, la absolución de Alves será definitiva y el caso quedará cerrado.
2. Restablecimiento de la condena: Si el Supremo encuentra que el TSJC aplicó erróneamente el principio de presunción de inocencia y que el testimonio de la víctima, junto con las pruebas disponibles, era suficiente para condenar a Alves, podría restablecer la pena de cuatro años y medio de prisión.
3. Orden de repetición del juicio: En un término medio, el Supremo podría considerar que hubo fallos en la valoración de las pruebas y ordenar la repetición del juicio con un nuevo tribunal.
El mensaje de la Justicia a la sociedad
Independientemente de la decisión del Tribunal Supremo, el caso Alves ha dejado en evidencia las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia sexual para obtener justicia. También ha abierto una discusión necesaria sobre cómo los tribunales deben equilibrar la presunción de inocencia con la credibilidad de las víctimas. Si bien es cierto que ningún inocente debería ser condenado injustamente, también lo es que ningún agresor debería quedar impune por falta de pruebas prácticamente imposibles de obtener. Encontrar ese equilibrio será clave para garantizar un sistema judicial justo y que, al mismo tiempo, no desproteja a las víctimas de violencia sexual. El futuro del caso Alves no es solo el destino de un exfutbolista; es una prueba de fuego para la justicia española y el mensaje que se enviará a todas las víctimas que aún dudan si denunciar o no.
