El órdago de cinco días lanzado por Pedro Sánchez ha acabado en insólita pirueta del presidente, que insinuó portazo y ha acabado dejando caer que está dispuesto a mantenerse en La Moncloa hasta 2030 (ya que afirma que pretende acabar la presente legislatura y no descarta presentarse a las próximas elecciones generales).
El socialista se queja de los "bulos" contra Begoña Gómez, aunque no especifica cuáles; arremete contra "pseudomedios digitales", y tampoco dice quiénes son; y no explica qué medidas tomará contra la 'Fachosfera' o 'máquina de fango' que se supone que atenaza a la democracia en España. Pero parece olvidarse de que las líneas rojas que separan la información de la difamación están diferenciadas en el Código Penal.
"He sido una víctima más de una estrategia bien diseñada y de una maquinaria del fango muy engrasada. Creemos que la desinformación nos viene de fuera y resulta que dentro, tenemos el caballo de Troya", señaló el presidente en su semana postreflexión entre acusaciones de personalismo y victimismo.
"El artículo 20 de la Constitución dice que los ciudadanos disfrutan del derecho a tener una información veraz. La información en democracia es fundamental, pero si se confunde la verdad con la mentira se convierte en enemigo público número uno y estamos pervirtiendo la democracia", afirma.
"La libertad de la información no es libertad para difamar"
Sánchez acierta al señalar que "la libertad de la información no es libertad para difamar", pero para eso están los tribunales y aun advirtiendo excesos de algunos medios, en La Moncloa deberían saber que siempre es peor el remedio que la enfermedad (y esos 'remedios' golpean contra el periodismo libre, que es un elemento imprescindible para que exista una Democracia plena).
Es cierto que el discurso del presidente del Gobierno no es excepcional, sin alejarnos demasiado de la Puerta del Sol podemos encontrarnos a dirigentes que buscan la polarización, manipulan medios públicos, o reparten publicidad de forma arbitraria.
El hecho excepcional de Sánchez, que supondría cruzar el Mississippi antidemocrático, es que el presidente del Gobierno no descarta legislar contra la libertad de prensa, lo cual forzaría a España a regresar a los momentos anteriores a la Ley de Prensa impulsada en 1966 por Manuel Fraga (que acabó con la censura previa impulsada en 1938 por la legislación guerracivilista de Ramón Serrano Suñer, yernísimo de Franco).
Sánchez ha ninguneado con su mesianismo a su equipo, partido, compañeros de Gobierno y socios de investidura (que se enteraron de su decisión cesarista al alimón con la ciudadanía) y, sin tener que retrotraernos a dictadores de otro siglo, se puede poner en hora con otros líderes contemporáneos, algunos tachados de autócratas y antidemocráticos: algunos surgidos de elecciones libres como Donald Trump, Giorgia Meloni o Javier Milei y otros, disfrutones de urnas condicionadas, Vladímir Putin o Nicolás Maduro. Todos ellos recortan la libertad de la prensa invocando razones de seguridad nacional o ataques con bulos o fakenews.
Liberticidio
La presidenta italiana Giorgia Meloni ha comenzado a condicionar a los medios con el asalto a la RAI (acabando con la lotizzazione que 'repartía' el control de los canales entre los principales partidos), su intento de vender la agencia de noticias Agi al diputado ultraderechista Antonio Angelucci y la presentación de la ley de Ciberseguridad que contempla el encarcelamiento por 3 años de periodistas que obtengan informaciones por fuentes que hayan cometido un delito al divulgar las noticias.
Sánchez también podría recorrer la senda liberticida del presidente argentino Javier Milei, al que el Comité para la Protección de los Periodistas ha pedido que deje de "estigmatizar a periodistas" y les permita "hacer su trabajo sin restricciones". Los medios argentinos han sido definidos por el político neoliberal como "la peor cloaca del universo".
El socialista español podría colocarse frente al espejo del presidente húngaro Viktor Orban y otros dirigentes del Este que aterran a la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo, que señala en un reciente informe que a finales de 2023 hasta 120 periodistas permanecían detenidos, la mayoría en Bielorrusia (38) y Rusia (27). Uno de ellos es el vasco Pablo González, y otro el afamado Julian Assange, preso en Reino Unido.
Al otro lado del charco las cosas no están mejor, arrojándose síntomas preocupantes en países antaño considerados modélicos como Estados Unidos. Uno de los culpables del ambiente tóxico de la cuna del capitalismo es Donald Trump, que persiguió medios mientras utilizaba la mentira como carta habitual. Según The Washington Post, Trump rebasó las 15.000 mentiras en sus 4 años como presidente (lo cual implica que soltaba casi 15 bulos diarios).
Problemas en la UE
La ONG Human Right Watch (HRW) acaba de publicar el informe 'No puedo hacer mi trabajo como periodista. El socavamiento sistemático de la libertad de prensa en Hungría', que denuncia la regulación politizada de los medios de comunicación en el país magiar, la disminución del pluralismo, la injerencia gubernamental en el trabajo editorial, la limitación del acceso de los periodistas a las informaciones gubernamentales, el uso de programas de espionaje como Pegasus contra periodistas, y las campañas de desprestigio contra reporteros independientes. El presidente Orban impulsó nada más que llegar al poder un Consejo de Medios con miembros de panfletos afines a su Ejecutivo iliberal.
Sánchez podría enfrentarse a la UE. A finales de 20213 el Europarlamento aprobó por amplia mayoría la Ley europea de Libertad de Medios, que obliga a los Estados a proteger la independencia de los medios de comunicación y prohíbe toda forma de intervención en las decisiones editoriales. Desde Bruselas señalan que "las autoridades tendrán prohibido presionar a los periodistas y editores para que divulguen sus fuentes: no podrán detenerlos, sancionarlos, hacer búsquedas en sus oficinas o instalar programas de vigilancia intrusivos en sus dispositivos electrónicos".
"Los periodistas tendrán que ser informados de que han sido objeto de vigilancia y podrán objetar ante los tribunales. Independencia editorial de los medios de comunicación públicos Para evitar el uso político de los medios de comunicación públicos, sus directores y miembros del consejo de administración deberán ser seleccionados mediante procedimientos transparentes y no discriminatorios para mandatos suficientemente largos", añaden. La Moncloa parece hacer caso omiso a las exigencias de Bruselas y se plantea regular la prensa, lo cual con casi total seguridad implicaría una limitación a la prensa española.
