Nuevo giro en el caso Carlota Prado y el juicio que la próxima semana comienza contra José María, su expareja, por supuestos abusos sexuales en la casa de Gran Hermano (Telecinco) en 2017. Prado ha renunciado a ejercer la acusación particular después de que hace unos días su abogado decidiera dejar de representarla en el proceso que se celebrará los días 3 y 8 de noviembre.
Carlota Prado se ha puesto en contacto por teléfono con el juzgado y ha "renunciado a ejercitar la acusación particular", según ABC, que cita la providencia de la juez María Dolores Palmero. "Se la tiene por apartada en el presente procedimiento, quedando prevista la vista de Juicio Oral para los próximos 3 y 8 de noviembre". Prado "renuncia a comparecer a juicio asistida de abogado particular y no desea que se le nombre abogado del turno de oficio". Por lo tanto, el proceso queda en manos de la Fiscalía.
El fiscal solicita para José María López una pena de dos años y seis meses de cárcel por un supuesto abuso sexual que se produjo en la casa de GH en noviembre de 2017. Asimismo, le reclama una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a la víctima, idéntica cantidad que a la productora del programa, Zeppelin, por los daños ocasionados a raíz de la exhibición a la perjudicada de las imágenes grabadas sin la ayuda de profesionales que la pudieran atender en ese momento.
Inicialmente, el juicio iba a arrancar el pasado febrero, pero fue suspendido ante la incomparecencia de Carlota Prado. La parte demandante alegó problemas psiquiátricos de gravedad y la magistrada solicitó entonces una serie de pruebas documentales que acreditasen su situación. Recientemente, el médico forense determinó que Carlota es apta para declarar.
Por otra parte, desde defensa de Carlota se ha reclamado durante los últimos meses la nulidad del proceso desde que se dictó el auto de transformación de las diligencias en 2018 que determinó que se juzgase en la Audiencia Provincial. Considera que va a juzgarse como presunto abuso sexual sin penetración cuando, a su juicio, hay indicios de que sí la hubo. Solicitan, por lo tanto, que se juzgue como violación con penetración. En ese caso la pena aumentaría y sería de cuatro a diez años y al menos 100.000 euros de indemnización.
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