La familia Franco ha recibido un revés judicial de gran calado. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a los herederos del dictador Francisco Franco a devolver al Ayuntamiento de Santiago de Compostela las esculturas románicas de Abraham e Isaac, atribuidas al Maestro Mateo, que durante décadas permanecieron en el pazo de Meirás (A Coruña).
Las piezas, que formaban parte originalmente del Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana, fueron adquiridas por el consistorio gallego al conde de Ximonde en 1948 por 60.000 pesetas. Sin embargo, desaparecieron del patrimonio municipal pocos años después y acabaron en manos de la familia del dictador, en circunstancias que ahora el Supremo califica de "ocultas, clandestinas y delictivas".
El origen del litigio se remonta a una demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Santiago contra los nietos de Franco, entre ellos Carmen Martínez-Bordiú, con el objetivo de recuperar las esculturas. Aunque tanto un juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial de Madrid habían fallado en favor de los Franco, al considerar que no había prueba concluyente sobre la identidad de las estatuas, el Alto Tribunal ha dado un giro decisivo al caso. En su sentencia, el Supremo estima el recurso del Ayuntamiento y subraya que "se ha producido un error patente en la valoración de la prueba". Los magistrados sostienen que la identificación de las esculturas es "clara, inequívoca y confirmada por los documentos aportados, así como por un informe pericial sin posibilidad de duda".
El fallo destaca que las estatuas que están en posesión de los descendientes del dictador son las mismas que el Ayuntamiento compró legítimamente en 1948. De hecho, afirma que son las únicas que coinciden con la descripción contenida en el expediente administrativo previo a la compra, en la escritura de compraventa y en un artículo de época cuyo autor examinó personalmente las piezas antes de que salieran de la colección del conde de Ximonde. El Supremo considera probado que las esculturas llegaron al pazo de Meirás en 1954 como un supuesto regalo del entonces alcalde de Santiago, sin que existiera acuerdo plenario ni constancia documental alguna que justificase tal donación. Según los jueces, ese traslado constituyó una vía de hecho ilegal, sin cobertura administrativa ni jurídica. "Es un hecho no discutido que el Ayuntamiento no tiene en su poder tales estatuas", reza la sentencia. "La falta de documentación sobre una cesión solo prueba que la pérdida de la posesión por parte del Ayuntamiento se produjo fuera de todo cauce reglado".
Una resolución firme
Este nuevo varapalo judicial supone una nueva derrota simbólica y patrimonial para la familia Franco, que ya fue obligada en 2020 a entregar el pazo de Meirás al Estado. La sentencia del Supremo consolida la tesis de que parte del patrimonio acumulado por el dictador y sus herederos durante décadas fue adquirido o transferido al margen de la legalidad.
La resolución, firme y sin posibilidad de recurso, obliga ahora a los descendientes de Franco a restituir las estatuas al patrimonio público compostelano, cerrando así un capítulo más en el proceso de recuperación de bienes históricos ligados al régimen franquista.