Ana Julia Quezada, la mujer condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez dentro de los muros de la cárcel de Brieva (Ávila), donde cumple prisión permanente revisable. Una investigación judicial abierta por el Juzgado número 4 de Ávila destapa una trama que involucra a varios funcionarios penitenciarios, un teléfono móvil y supuestas prácticas de chantaje sexual por parte de la interna.
Según las diligencias, Quezada habría mantenido relaciones sexuales con al menos dos funcionarios y un cocinero del centro penitenciario. A cambio, habría recibido un teléfono móvil, el cual presuntamente utilizó para grabar encuentros íntimos con el objetivo de presionar a la dirección del centro para ser trasladada a otra prisión, concretamente a una en Barcelona. Las grabaciones estarían en poder de su actual novio, quien, según las investigaciones, también habría participado en la introducción del teléfono en la cárcel.
Una de las claves que ha impulsado la investigación es el testimonio de un educador del centro, quien alertó a la dirección de la prisión sobre las posibles grabaciones. La propia directora, Laura Pérez, confirmó en un informe oficial que Quezada aseguró tener vídeos de contenido sexual con un funcionario, y que ese mismo funcionario le habría proporcionado el móvil. Las grabaciones, según Quezada, serían usadas como "arma de presión" para lograr beneficios penitenciarios.
La gravedad de los hechos ha llevado a que uno de los funcionarios implicados haya sido detenido en septiembre de 2024, acusado de abuso de función pública. Además, se han abierto diligencias para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias de otros empleados, como el cocinero de la prisión, aunque por el momento no figuran como investigados formales.
El asunto salió a la luz pública gracias a la denuncia presentada por Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, quien en mayo de 2024 denunció en rueda de prensa que Quezada poseía un teléfono móvil en prisión. Ramírez ya había advertido al Ministerio del Interior en diciembre del año anterior, pero ante la falta de respuesta, decidió acudir al Senado. Su denuncia fue clave para que la investigación judicial tomara fuerza y para detener la producción de un documental sobre Quezada, cuyo contenido consideró una explotación mediática del dolor.
Los investigadores también señalan que el móvil habría sido introducido gracias a la colaboración entre el cocinero y la pareja de Quezada, quienes se reunieron en un aparcamiento para hacer la entrega del dispositivo. Este mismo teléfono fue luego retirado de la cárcel antes de una inspección, lo que impidió que fuera hallado durante los registros.
Actualmente, tanto Ana Julia como la madre de Gabriel han solicitado personarse en el procedimiento como acusación particular. Sin embargo, el juez ha rechazado ambas peticiones al considerar que no son víctimas directas del delito de cohecho que se investiga. La investigación continúa abierta.