Cuando Hacienda pisa demasiado fuerte el acelerador de la recaudación, puede acabar derrapando en la curva. Y esta vez, el trompo lo ha dejado con las ruedas en el aire, mientras producciones como las protagonizadas por estrellas como Vin Diesel siguen acelerando a toda velocidad por las carreteras de España, con una sonrisa de victoria en el rostro y los bolsillos llenos de deducciones fiscales.
En la pantalla, los coches de Fast & Furious desafían la gravedad, atraviesan rascacielos y explotan en llamas, siempre con Vin Diesel al volante y una frase lapidaria en la boca. Pero fuera del cine, en los pasillos de Hacienda, el derrape ha sido otro. Un volantazo judicial ha obligado a la Agencia Tributaria a corregir su curso, dando la razón a un grupo de grandes empresas que, con el pretexto de fomentar la industria cinematográfica en España, se beneficiaron de deducciones fiscales millonarias.
La Audiencia Nacional ha estimado varios recursos presentados por inversores y productoras que participaron en la financiación de películas como Fast & Furious VI o Furia de Titanes 2, rodadas en España con capital procedente de bancos, aerolíneas, operadoras de telecomunicaciones y medios de comunicación. Hacienda, que durante años les negó estas deducciones, deberá ahora devolver más de 100 millones de euros, una cifra que podría aumentar a medida que se resuelvan otros casos pendientes.
El incentivo que acabó en persecución fiscal
Todo comenzó hace más de una década, cuando el Ministerio de Cultura ideó un mecanismo para atraer grandes producciones de Hollywood al territorio español. Bajo el paraguas de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), empresas con liquidez podían invertir en estos proyectos y beneficiarse de suculentas rebajas fiscales. El objetivo era convertir a España en un plató atractivo para las majors estadounidenses, que encontraban en las ventajas fiscales un motivo de peso para rodar en nuestro país.
Sin embargo, la Agencia Tributaria, siempre atenta al olor del dinero, no tardó en poner el grito en el cielo. Desde 2015, comenzó a investigar estas agrupaciones, sospechando que no eran más que estructuras creadas para disfrazar beneficios fiscales y reducir impuestos sin un verdadero interés por la producción cinematográfica. Dos años después, en 2017, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes prohibió a los inversores aplicarse las deducciones. Las empresas afectadas recurrieron la decisión ante el Tribunal Económico Administrativo Central, pero este organismo, dependiente de la propia Hacienda, ratificó la prohibición.
Lo que siguió fue una batalla en los tribunales que, como en los mejores guiones de Hollywood, ha tenido un giro inesperado. La Audiencia Nacional ha revocado el criterio de Hacienda, estableciendo que las AIE sí eran verdaderas productoras cinematográficas a efectos fiscales, tal y como lo había acreditado el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), un organismo del propio Ministerio de Cultura. Y aquí reside el punto clave de la sentencia: Hacienda no puede contradecir a otro órgano de la misma Administración sin una justificación excepcional.
Hollywood, los bancos y una factura millonaria
El fallo tiene consecuencias inmediatas. Hacienda no solo deberá devolver los más de 100 millones de euros a los inversores, sino que, además, se abre la puerta a que otras agrupaciones de interés económico reclamen su parte. Entre los beneficiados por esta sentencia se encuentran entidades como Banco Santander, Bankinter, Telecinco Cinema (Mediaset), Joyerías Tous o R Cable (Grupo MásMóvil), que participaron en la financiación de proyectos como Exodus, la superproducción de Ridley Scott rodada en Canarias y Almería.
El caso de Exodus es paradigmático. Su financiación estuvo respaldada por inversores de la talla de Antena 3 Films (Atresmedia), Banco Cooperativo Español (Caja Rural), Air Europa, Binter, TSK y Cristian Lay, entre otros. En su momento, Hacienda impidió que se dedujeran más de 34 millones de euros, pero ahora las puertas vuelven a abrirse para ellos. El atractivo que este esquema tenía para las empresas es que había compañías con excedente de tesorería que encontraron en estas agrupaciones una forma de invertir en cultura, con el incentivo de obtener una rentabilidad mejorada gracias a las deducciones fiscales.
El precedente que puede cambiar la fiscalidad del cine
El impacto de esta sentencia va más allá de los casos concretos de Fast & Furious VI, Furia de Titanes 2 o Exodus. La Audiencia Nacional ha sentado un precedente que podría afectar a la aplicación de incentivos fiscales en otros sectores. De hecho, ha tomado como referencia las recientes sentencias del Tribunal Supremo que dieron la razón a empresas que se dedujeron gastos en I+D+I para fomentar la innovación y la investigación.
Los abogados que han defendido a los inversores subrayan la relevancia de este fallo y sostienen tener importantes implicaciones para la industria y para la aplicación de incentivos fiscales en España. En otras palabras, Hacienda no puede interpretar las normas fiscales a su conveniencia y cambiar las reglas del juego con el partido en marcha.
El golpe a Hacienda y el silencio de Montero
Para el ministerio que encabeza la vicepresidenta María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, este revés judicial supone un golpe inesperado. Mientras el Ejecutivo busca nuevas fórmulas para aumentar la recaudación y mantener el equilibrio presupuestario, la sentencia de la Audiencia Nacional le obliga a devolver millones de euros que el fisco ya daba por cobrados.
Montero, que como es lógico acostumbra a defender con vehemencia la labor de la Agencia Tributaria, no se ha pronunciado sobre este asunto.
