El caso Gabriel Cruz, llamado también Operación Nemo,? hace referencia en España a los sucesos relacionados con la desaparición del niño Gabriel Cruz Ramírez, la tarde del 27 de febrero de 2018 en la localidad almeriense de Las Hortichuelas, y su inmediato asesinato en una finca familiar próxima a la localidad de Rodalquilar, ambas en el municipio de Níjar.
El menor, de tan solo ocho años de edad, desapareció en el trayecto entre la casa de su abuela paterna y la de unos familiares, que dista unos cien metros. Su paradero fue desconocido durante los siguientes doce días. Se estableció un dispositivo de búsqueda en el que participaron más de 5000 efectivos, entre ellos 3000 voluntarios y 2000 profesionales, convirtiéndose así en la mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en la historia de España.
El hallazgo de su cadáver, que conmocionó a España entera y produjo la consiguiente devastación hacia su madre y su padre, se produjo el 11 de marzo. Cuando se encontró en el maletero del vehículo de Ana Julia Quezada, que por entonces era novia del padre del menor. Previamente la autora confesa del crimen había desenterrado el cuerpo del niño en una finca propiedad de la familia paterna en Rodalquilar, donde tuvo lugar el asesinato el mismo día de la desaparición; lo introdujo en el vehículo y se dirigió a su vivienda de La Puebla de Vícar, en cuya puerta del garaje fue detenida por la Guardia Civil, que le venía siguiendo desde tiempo atrás. Dos días más tarde, la acusada del asesinato confesaría los hechos.
La investigación del caso condujo a la realización del juicio durante el mes de septiembre de 2019. El jurado popular concluyó que la autora confesa era culpable de asesinato. La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Almería condenó a la acusada a la prisión permanente revisable por el asesinato y a una pena suplementaria de ocho años y tres meses más por dos delitos de lesiones psíquicas y dos contra la integridad moral en cada uno de los padres del menor.
Denuncia de la madre
Desde que Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, 'el pescaíto', denunciara públicamente en una rueda de prensa en la capital almeriense que tenía constancia de que Ana Julia Quezada, asesina de su hijo, estaba participando desde la cárcel en la grabación de un documental sobre la muerte del menor, no se hicieron esperar las reacciones por parte del centro penitenciario de Brieva (Ávila).
Esa misma tarde, varios funcionarios accedieron a la celda de la reclusa en busca de un teléfono móvil desde el que supuestamente habría facilitando información para la citada producción de la que, además, se estaría lucrando.
Ana Julia, que fue condenada en 2019 a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz en febrero de 2018, fue también cacheada por los trabajadores de la prisión y posteriormente trasladada, de forma preventiva, a un módulo de aislamiento. La madre del pequeño aseguró el pasado fin de semana tener "fuentes directas" de la realización del documental, que presuntamente estaría promovido por Esteban Hernández, quien fuese abogado de oficio de la asesina, pero según fuentes de la cárcel de Brieva no se habría encontrado nada en su celda. Aún así se tomó la decisión de aislarla por precaución y ante el revuelo mediático creado por este asunto, lo que podría generar algún conflicto en la prisión.
En su comparecencia, Patricia Ramírez señaló al Ministerio del Interior y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por no impedir esas grabaciones de las que ella misma habría informado al secretario de Estado, Rafael Ruiz, y al secretario general, Ángel Luis Ortiz. Ambas entidades comunicaron tras estas declaraciones que "el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha recibido a Patricia Ramírez y ha escuchado sus peticiones, actuando desde el primer momento y en el marco de sus competencias en la investigación de cualquier posible irregularidad en el ámbito penitenciario".
Irregularidades según dijo en su comparecencia la madre de Gabriel, que exige que se pare el rodaje y su posible emisión, Ana Julia habría realizado esas grabaciones en contra de la familia del menor, "menoscabando su imagen y su memoria, haciéndonos aún más daño si cabe y obligándonos a exponernos públicamente de nuevo para detenerlo". Además, focalizaba la responsabilidad también en los funcionarios de prisiones, quienes presuntamente habrían facilitado el acceso de un celular para la reclusa dentro de la cárcel.
Desde Instituciones Penitenciaras y el Ministerio del Interior explican que para realizar entrevistas en prisión existe un protocolo que, en este caso, si verdaderamente han tenido lugar dichas grabaciones con Ana Julia Quezada, no se habría cumplido. La madre de Gabriel afirmaba que ambas autoridades competentes le aseguraron que no se le había concedido ningún permiso a la asesina para grabar en la cárcel, pero insistía en que sí que se habrían producido y recalcaba ante los medios de comunicación que "se están cometiendo irregularidades en las prisiones".
El Ministerio del Interior ya expresó el 11 de mayo, día de la rueda de prensa en la Diputación Provincial de Almería, su "total solidaridad" con Patricia Ramírez, indicando que colaborará con la Justicia para atender cualquier requerimiento que pueda derivarse de las acciones legales emprendidas por ella para parar un documental en el que participaría directamente Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo.