Un juzgado de Barcelona ha condenado a dos años de cárcel a la extenista Arantxa Sánchez Vicario y a tres años y tres meses a su exmarido Josep Santacana por urdir una trama para evitar el pago de una deuda de más de seis millones de euros al Banco de Luxemburgo.
En la sentencia, el titular del juzgado de lo penal número 25 de Barcelona considera que hay suficientes indicios de que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los seis millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de 5,2 millones por fraude a Hacienda.
El pasado mes de septiembre, en su primera declaración ante el juez, la deportista se declaró culpable de un delito de ocultación de bienes por el que se decidió dos años de prisión -el mínimo para que, sin antecedentes penales, no se haga efectivo el ingreso en la cárcel; la Fiscalía pedía cuatro- y a pagar una multa que supera los dos millones de euros.
La estrategia de la campeona de Roland Garros pasó por responsabilizar al padre de sus hijos asegurando que ella era la encargada de ganar dinero y él de gestionarlo. Según explicó, "todo lo decidía él". "Yo soy jugadora de tenis y no tengo conocimiento de patrimonios ni de sociedades. Yo me fie de mi marido". De esta forma, mientras él proclamaba su inocencia, ella llegó a un acuerdo con la Fiscalía.
La jueza concluye que el empresario lideró las maniobras para evitar el pago de la deuda, motivo por el que su pena es mayor: se enfrenta a tres años y tres meses de cárcel. No obstante, ambas partes tendrán que indemnizar a la entidad bancaria con el pago de 6,6 millones de euros correspondientes a la deuda impagada más los intereses.
Las penas no son demasiado elevadas, por lo que la sentencia puede recurrirse. Sin embargo, no se espera que la Fiscalía se plantee el ingreso en prisión de Santacana. Según se ha acordado en el Juzgado, la extenista no ingresará en prisión mientras en los próximos dos años no cometa otro delito. Otras tres personas han sido condenadas (a penas de un año y tres meses de cárcel) por actuar como testaferros en la operación para desprenderse del capital.
La Fiscalía confirma la versión de la extenista
Cuando en su anterior cita judicial Arantxa reconoció la deuda que contrajo, también afirmó que disponía de bienes suficientes para hacer frente a la misma. La jueza le preguntó entonces por qué no pagó, a lo que la la extenista respondió: "No la pagué porque mi marido me dijo que no. Hice lo que él me decía". Unas palabras que han sido aprobadas en el juzgado.
La sentencia considera "totalmente acreditado" que "disponía y dispuso en todo momento de patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda" reclamada por el Banco de Luxemburgo. Sin embargo, el matrimonio llevó a cabo "acciones de venta" del patrimonio inmobiliario de la jugadora para no pagar.
La jueza establece una condena más baja para ella porque "ha asumido su responsabilidad respecto de los hechos". En este sentido, hay dos circunstancias atenuantes de la pena: la confesión y reparación del daño, ya que a lo largo del proceso penal ha intentado hacer frente al pago de la deuda, tal y como recoge la sentencia. Concluye que "es absolutamente creíble" que Sánchez Vicario "no tuviera conocimiento alguno de gestión patrimonial, ni probablemente interés, y que siempre hubiera cedido a terceras personas la gestión sobre su patrimonio". "No tenía ningún conocimiento relativo a la gestión de bienes, y que siempre lo ha confiado a terceras personas, primero a sus padres, y a partir de su matrimonio, y concretamente desde que en noviembre de 2009 se hizo con el control del patrimonio, a su marido", añade.
Así evitaron el embargo
En el escrito que la Fiscalía redactó se reflejaba que Sánchez Vicario actuó "bajo las consignas de su (entonces) marido" una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010. El Banco de Luxemburgo adelantó a un banco español el dinero que la tenista tenía que abonar para liquidar su deuda con Hacienda, cantidad que la entidad bancaria luxemburguesa le reclamó y que ascendió a 6,1 millones con intereses.
El fiscal sostenía por aquel entonces que ambos "idearon un plan consistente en descapitalizar su patrimonio" y vaciaron sus cuentas corrientes para hacer "desaparecer" el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes. El fiscal expuso que la tenista era propietaria y beneficiaria de, al menos, cinco empresas y titular de varios bienes inmuebles que, después de notificársele la deuda con Hacienda, pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya. Por todo esto, la Fiscalía solicitó condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible. En un principio, a la extenista se le reclamaban cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa, mientras para Santacana se pedían, además, 6,1 millones en responsabilidad civil.
A la espera de otro juicio en Miami
Por el camino, Sánchez Vicario se separó de su marido en 2018, aunque continúan formalmente casados. Ambos mantienen abierto otro procedimiento judicial en Miami por su divorcio, que es la esperanza de Sánchez Vicario para recuperar sus propiedades cifradas en 30 millones de euros entre activos inmobiliarios y los 18 millones en depósitos bancarios que se volatilizaron para evitar el pago del aval. Las autoridades judiciales norteamericanas contemplan investigar el patrimonio de las partes dentro del proceso de divorcio.
