A Luis Rubiales se le acumulan los escándalos. Gonzalo Azkarate, presidente de la Plataforma 2030 contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el Fútbol, ha denunciado al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol por un presunto delito de alzamiento de bienes.
La denuncia tiene que ver con la venta del ático de Rubiales en la calle Ferraz, en el cotizado barrio de Argüelles, en Madrid, por 2,5 millones de euros, según ha informado este lunes El Confidencial. Un movimiento tras el que el dimitido presidente de la RFEF hizo este mes de octubre la mudanza a su nueva vivienda en Granada, donde alega haberse marchado por motivos familiares tras la polémica por su beso a Jenni Hermoso.
Las causas penales que siguen abiertas contra Rubiales, a las que se suman las presuntas irregularidades cometidas durante su nefasta gestión de la RFEF -por ejemplo, sus supuestos negocios conjuntos con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué-, podrían tener su efecto en las inversiones inmobiliarias que exdirigente ha llevado a cabo.
"De dichas causas penales, en su caso administrativas, se pueden derivar responsabilidades civiles muy importantes, lo que sin duda conoce Luis Rubiales y conocía en el momento de poner a la venta y finalmente vender el ático del que era propietario en la madrileña calle Ferraz", explica Azkarate, tal y como recoge el citado medio.
"Resulta patente que la venta del mencionado ático pone en riesgo la realización efectiva de las responsabilidades civiles que resulten de los procedimientos penales en curso en los que Rubiales es investigado", apunta. Rubiales ya se encuentra incurso en otras denuncias de Azkarate ante el Juzgado de Instrucción 1 de Gijón, abiertas por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos. Además, Hermoso lo denunció por agresión sexual y coacciones.
En la denuncia se recuerda que, según el Código Penal, "el delito que nos ocupa castiga a quien se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, a quien, con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo iniciado o de previsible iniciación".
Una sentencia del Tribunal Supremo destaca la posibilidad de que el defraudador busque conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad.
