El marido de la infanta Cristina se enfrentará a uno de los momentos más críticos recién inaugurada la primavera. Será miércoles y tendrá que pedir clemencia en el Tribunal Supremo, donde su defensa insistirá en su inocencia mientras la Fiscalía solicita el aumento de la pena hasta los 10 años.
Es el último cartucho de Iñaki Urdangarin (50) para librarse de la cárcel. El yerno real y su defensa pedirán al Alto Tribunal indulgencia por su implicación en el Caso Nóos el próximo 21 de marzo en una vista que será de dominio público. A pesar de que la Audiencia Provincial de Baleares le considera responsable de constituir un entramado societario agrupado para canalizar los ingresos ilícitos que obtuvo de los gobiernos de Baleares y Comunidad Valenciana, el marido de la infanta Cristina se define como simple mediador que no tenía conocimientos de derecho a la hora de contratar a las Administraciones Públicas. Así lo expuso en el recurso que presentó a finales del pasado año para conseguir ser exonerado de la sentencia, que le condenó a seis años y tres meses de prisión en febrero de 2017.
Convencer al Tribunal Supremo no será una tarea fácil. Éste deberá revisar todo el proceso llevado a cabo por el juzgado de Baleares y tendrá en cuenta la última petición de la Fiscalía, que solicita elevar la pena de los seis años impuestos a diez: cinco por malversación continuada, dos por fraude a la administración, uno por tráfico de influencias y otros dos por sendos delitos fiscales.
En el proceso, el Alto Tribunal revisará también la sentencia y los recursos presentados contra la infanta Cristina (52). La Audiencia fue tajante respecto a ella: "Para ser partícipe de un delito contra la Hacienda Pública se requiere una acción consciente dirigida a la defraudación del erario público". Y eso no sucedió en el caso de la ex duquesa, tal y como se afirma en la sentencia.
Pero Iñaki Urdangarin no es el único que ha solicitado esta revisión. Su ex socio Diego Torres (53), acusado de ser el responsable de la creación de una estructura fiduciaria en el extranjero con el objetivo de ocultar las cantidades obtenidas y beneficiarse de otros regímenes fiscales, fue condenado a ocho años y medio de cárcel. Ahora clama de nuevo su inocencia y se enfrenta a la nueva petición de la Fiscalía, de una pena de 12 años y 10 meses.
Por último Jaume Matas (61), presidente del Gobierno Balear, condenado a tres años y ocho meses de cárcel por decidir y ordenar de forma unilateral la contratación de Nóos, entre otras cosas, suplicará al Alto Tribunal, al que la Fiscalía solicita también un aumento de su pena de hasta cuatro años y ocho meses de prisión.
