La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las diligencias de investigación que mantenía abiertas sobre la fortuna del rey emérito Juan Carlos I. Son las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas 'black' sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.
La Fiscalía General del Estado anuncia que va a archivar todas las investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I. Esto significa que el emérito no puede ser perseguido desde el punto de vista penal por los 65 millones que recibió, en concepto de donación, por parte del saudí Abdalá. Don Juan Carlos ocultó este dinero en Suiza.
El ministerio público no encuentra incidios para presentar una querella contra él en el Tribunal Supremo, pero sí estima que el padre del Rey ha incurrido en irregularidades, al haber ocultado fondos fuera de España no declarados a Hacienda. Esta decisión de la Fiscalía pone fin a dos años de investigación y cierra las puertas a que el Tribunal Supremo actúe contra el emérito. Además, supone un paso más hacia la posibilidad de que el padre de Felipe VI pueda regresar a España y abandonar Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.
Comunicado oficial
El abogado del Rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha anunciado este miércoles que valorará "la próxima semana" la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo al tiempo que se hará "eco igualmente de las decisiones que pueda tomar" Juan Carlos I, quien ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a España.
A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la representación del monarca ha explicado que debe estudiar los decretos por los que el fiscal Alejandro Luzón ha decretado el archivo de las diligencias de investigación que se mantenían abiertas sobre la fortuna del emérito: "Los mencionados decretos, sin perjuicio del estudio detallado que precisan, concluyen que en ninguno de los casos que motivaron su incoación, existen circunstancias que permitan apreciar la existencia de ilícito alguno imputable a Juan Carlos de Borbón y Borbón o conducta que sea susceptible de reproche penal", constata el letrado.
