Industria
Los fondos escogen a Rafael Villaseca para que sea su presidente en Celsa
- Los acreedores comienzan a diseñar su consejo de administración tras la homologación judicial de la reestructuración
- Piden una transición "eficiente y ágil" a los actuales accionistas, los Rubiralta, y al Gobierno, que debe dar el visto bueno a la operación
Carles Huguet
Barcelona,
Los acreedores de Celsa ya diseñan su organigrama en la siderúrgica. A la espera del visto bueno del Gobierno, los fondos tenedores de la deuda han escogido presidente tras conseguir la homologación del plan de reestructuración por parte de la justicia. El escogido es Rafael Villaseca, exconsejero delegado de Gas Natural, que sustituiría a Francesc Rubiralta al frente de la compañía cuando se produzca el relevo.
El pool de fondos liderado por Deutsche Bank, SVP y Cross Ocean trata así de buscar a una figura de prestigio que espante la visión especulativa que pueda generar en el Gobierno o los trabajadores. Villaseca fue el primer ejecutivo de Gas Natural entre 2005 y 2018 y es el actual presidente de la Fundación Naturgy, así como consejero de Cementos Molins, Vidacaixa y de la patronal Foment del Treball.
Los acreedores recogen así el guante lanzado por el Ejecutivo, que pidió una gobernanza "moderna independiente y profesional". Además, trabajan en otros nombres de perfil independiente para acompañar a Villaseca en el consejo.
"Demuestra el compromiso de los fondos con el objetivo de nombrar un consejo independiente altamente competente que sea capaz de elaborar un plan empresarial que garantice la estabilidad financiera de la empresa, el mantenimiento del empleo y de las operaciones en España, así como su proyección internacional", señalaron en un comunicado.
La cesión de Celsa
Los acreedores deben ver ahora los pasos administrativos a seguir para la capitalización de la deuda. El juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona ya pidió a los Rubiralta que dieran acceso completo a los consultores de Lexaudit –el experto independiente- a los sistemas e instalaciones de la siderúrgica. Además, les advirtió de que poner trabas al traspaso tendría consecuencias legales.
"Los fondos quieren hacer hincapié en la necesidad de una transición eficiente y ágil a la nueva estructura de propiedad para salvaguardar el futuro de la empresa y de sus empleados", añadieron en la nota los fondos.
Sin embargo, el renovado accionariado está pendiente del visto bueno del Gobierno, que advirtió de que la operación está supeditada a la ley antiopas. Aunque se espera que los inversores presenten la solicitud en las próximas semanas, el Ejecutivo tiene tres meses para tomar una decisión.