Lexaudit y otros asesores cobrarán 26 millones si se reestructura Celsa

Lexaudit y otros asesores cobrarán 26 millones de euros si el juez aprueba el plan de reestructuración de Celsa presentado por los fondos de inversión acreedores de la deuda de la siderúrgica, según la documentación tratada ayer en el juicio en el que ambas partes están defendiendo sus argumentos antes de que el titular del Mercantil 2 de Barcelona tome una decisión.

Así, en uno de los anexos, consultado por elEconomista.es, se cifra en 25,9 millones de euros la remuneración en concepto de "asesoramiento y formalización del plan de reestructuración", en el que Lexaudit fue designado como experto independiente. Además, uno de los socios fundadores de Lexaudit, Josep Maymí, reconoció ayer que también serían los encargados de ejecutar el plan si recibe luz verde judicial, según fuentes presentes en la vista, que tiene agendados testimonios durante toda esta semana, y conclusiones para el próximo martes, 11 de julio.

Los fondos acreedores de Celsa defendieron ayer en un comunicado que el plan de reestructuración que han planteado "es la única alternativa capaz de asegurar la viabilidad del Grupo Celsa en el corto y en el medio plazo y evitar el concurso", ya que la compañía propiedad de la familia Rubiralta afronta "vencimientos pendientes por casi 3.000 millones de euros con sus acreedores".

Asimismo, destacaron su "compromiso con la viabilidad del grupo siderúrgico y con la generación de riqueza en las zonas geográficas en las que está presente", incluyendo los puestos de trabajo, de forma que el plan de reestructuración "no contempla medidas que tengan un impacto en el empleo".

Por otro lado, abogaron por "un consejo de administración independiente, compuesto por los mejores perfiles posibles del sector industrial, que se encargará de profesionalizar y mejorar la gestión" del Grupo Celsa.

También ayer en el juzgado, Lazard defendió su valoración de Celsa, superior a la calculada por Lexaudit, aduciendo que la siderúrgica catalana cuenta con un negocio de acero de bajas emisiones (a partir de chatarra y hornos eléctricos) que tiene más valor respecto al de siderúrgicas que trabajan con otros materiales y tipos de horno que "no son comparables".