Otros seis meses sin leyes en España

La investidura de Pedro Sánchez la semana próxima puede ser la tercera en fracasar en solo tres años y medio. Dos veces el actual presidente en funciones y una vez Mariano Rajoy se sometieron con fracaso al escrutinio de la Cámara Baja para intentar recibir el apoyo suficiente para su programa de gobierno. La ruptura de negociaciones con Podemos que Sánchez ha anunciado hoy augura la convocatoria de nuevas elecciones en España para el próximo otoño ante la imposibilidad del candidato designado por el Rey para conformar una mayoría mínima que le permita ser investido. De modo que el día 22, salvo que alguien realice una pirueta en el aire y desande el camino plomizo recorrido desde las pasadas elecciones de abril, los ciudadanos serán de nuevo consultados en las urnas para que sean ellos, y no los dirigentes políticos, los que desmadejen un ovillo que nadie sabe cómo deshacer. 

El exiguo ganador de las últimas elecciones no debió fiarse de aquellos que dieron por buena una mayoría minoritaria de 123 diputados, con los que gobernar en el momento actual es una entelequia que sólo se salvaría anteponiendo los intereses generales a los de las distintas siglas o a los puramente personalistas, Y eso ahora brilla por su ausencia.

La situación es tan complicada que echar la vista atrás y repasar los acontecimientos que nos han traído hasta aquí es labor indispensable: una moción de censura justificada en la corrupción que ha dejado de protagonizar desde entonces la vida pública, unos presupuestos generales del Estado prorrogados y asumidos como propios por gobernantes que los habían rechazado airadamente estando en la oposición, y una convocatoria electoral anticipada sostenida en la retirada del apoyo de los partidos que trataron de romper la unidad del país saltándose la primera de sus leyes, en la que se apoya la convivencia entre los españoles. Inopinadamente, la imposibilidad de aprobar otros presupuestos fue aprovechada para disolver la legislatura tras ocho meses de insistencia en el no es no a convocar elecciones, contradiciendo así la inamovible postura de que se debía agotar el mandato hasta 2020. La palabra fiable y confiable es un bien escaso en estos tiempos.

Las consecuencias de todo esto están ya a la vista. Tal y como releva hoy El Economista, este limbo político e institucional ha provocado que en los últimos seis meses no se haya aprobado una sola disposición en forma de ley, decreto o directiva y que no haya entrado en las Cortes un solo proyecto tendente a mejorar la vida de los ciudadanos. Sólo intereses partidistas han sobrevolado en todo este tiempo la Carrera de San Jerónimo, con la aquiescencia de quienes hace tan sólo dos años reclamaban la ultra actividad legislativa para deshacer desigualdades y atender a presuntas mayorías sociales. En esta ocasión además, a diferencia de lo que ocurrió en 2016, el Congreso está completamente paralizado porque ni siquiera se han constituido las comisiones ni la Diputación Permanente que ejercen el control sobre el gobierno, lo que hace recordar aquella controversia sobre la capacidad de un hemiciclo de controlar la acción de un ejecutivo elegido en una legislatura anterior y estando en funciones. Aunque la parálisis en realidad dura ya cuarenta y tres meses, desde que se celebraron las elecciones de diciembre de 2015 cuando la última mayoría absoluta se despidió del escenario hasta dentro de mucho tiempo.