La industria petrolífera le pide humildad al Gobierno

La mañana del lunes ha sido borrascosa para dos ministerios del Gobierno Sánchez, que se han llevado el único rapapolvo que le quedaba por escuchar tras anunciar sus planes prohibicionistas y dogmáticos contra los vehículos de combustión. Uno tras otro, los máximos responsables de las compañías petrolíferas agrupadas en AOP, que cumple un cuarto de siglo, han ido leyendo la cartilla con argumentos sólidos e incuestionables a las ministras de Transición Ecológica y de Industria, presentes parcialmente en el aniversario. Han relatado pormenorizadamente la reducción del uso de plomo y azufre para fabricar sus productos y cómo se han incorporado materias primas menos contaminantes. La valentía que ha pedido el gobierno ha sido ya asumida hace muchos años por este sector, que pide sensatez como cualidad necesaria para abordar una legislación acorde con los objetivos de reducción de emisiones.

El sector petrolífero (Cepsa, BP, Repsol, Galp, Saras) descalifica el anteproyecto de ley de Cambio Climático con ideas fuerza que cualquier consumidor puede comprender pero que el gobierno se conjura para minimizar:

- No es una medida sensata, socava la libertad y progreso, restringe la libertad de los consumidores, crea incertidumbre y pone en riesgo la competitividad y el empleo en el sector de la automoción.

- Ya afecta a la venta de vehículos solo tres semanas después del anuncio realizado.

- Retrasará las decisiones de compra de nuevos vehículos y aumentará en consecuencia la edad de los coches porque los propietarios agotarán su vida útil.

- Creará barreras en la UE y afectará al turismo en España al frenar la entrada por carretera de coches de combustión que no podrán entrar en las carreteras españolas.

Los datos en los que se apoyan quienes enfrentan esta prohibición para 2040 son demoledores: en Madrid hay 400.000 vehículos diesel con mas de 15 años de antigüedad, la principal fuente de emisiones y no el tipo de combustible; siete de las ocho compañías españolas que más exportan están directamente relacionadas con este sector, con lo que el daño que se hará al mismo en los próximos veinte años será enorme; el carbón produce el 35% de la energía electrica, y sus emisiones se multiplicarán si los coches sólo pueden ser eléctricos por decisión de un gobierno.

El clamor ha sido unánime: las petroleras piden medidas eficientes y no efectistas que solo pretenden impresionar y llamar la atención. Piden neutralidad tecnológica al gobierno y humildad, escuchar a la sociedad y a la industria, que salga fuera y vea que la media de emisiones por persona está por debajo en España que en Alemania o EEUU. Y aclaran que el Reino Unido no ha aprobado aún ninguna legislación, pero que en todo caso no incluirá los vehículos híbridos en el catálogo de tipos permitidos para circular.

Estos días que tanto se oye hablar del futuro del Campo de Gibraltar cuando los británicos ya no estén en la UE, hay que preguntarse qué sería de los miles de empleos que generan las refinerías en él instaladas. Aunque seguramente ese debate decaiga por el escaso interés que genera en el presidente y en su equipo.