El Gobierno desgrana sus planes en el Congreso

No han hecho falta los 100 días de rigor para esperar al poso de las medidas de un Gobierno de reciente creación. Con 40 ha sido suficiente, sobre todo los diez más recientes en los que ministros y ministras de Pedro Sánchez, especialmente éstas últimas, han desgranado en una cascada apabullante y en sede parlamentaria todas las medidas que piensan articular en estos dos años de legislatura que quedan por delante. Medidas de profundo calado político, que están muy lejos de formar parte de un Ejecutivo provisional, interino o con intenciones exclusivas de normalización de la vida pública tras un estado de excepción dominado por la corrupción.

El presidente, su mano derecha Carmen Calvo, y los miembros del gabinete han entendido que puede darse la vuelta a este país en veinticuatro meses. Las comparecencias en el Congreso de los ministros están sirviendo para conocer un programa de Gobierno que no se conocía, hasta el punto de que poco le quedará a Sánchez por desvelar el martes próximo cuando comparezca para informar de las líneas generales y el programa de su Ejecutivo. Con el apoyo de una mayoría parlamentaria muy difícil y diversa, complicada de ahormar en cualquier votación, el jefe de Gobierno va a intentar sortear el hándicap de su exiguo respaldo en las urnas con un paquete de medidas políticas que no desgranó ante el Congreso en su intervención durante la moción de censura, el momento adecuado para desalojar al anterior presidente proponiendo un programa de Gobierno constructivo para someterlo a la consideración de la Cámara.

Las materias en las que se están anunciando decisiones importantes son las más ideológicas. A la vicepresidenta le ha tocado, como titular de Igualdad, enarbolar la bandera de la presión a la Justicia para evitar que se repitan casos inaceptables como el de Navarra. El encaje de su propuesta sobre el consentimiento expreso en las relaciones entre un hombre y una mujer es muy complicado, pero son más los que consideran que algo hay que hacer que quienes ven perfecta la actual legislación. Con el lenguaje feminista en la Constitución, Calvo ha apelado directamente a la galería para que nadie le estropee un buen titular.

El Ejecutivo de Sánchez abre polémicas en materia impositiva, Memoria Histórica y escuela concertada

En Hacienda, la ministra Montero no ha hecho más que anunciar lo que el PSOE viene defendiendo desde que Sánchez llegó y volvió a la secretaría general: subida impositiva, más gasto público, impuestos a la banca y a las empresas más poderosas. El efecto que esto tendrá en la clase media, a la que al final siempre le rebotan las decisiones, está por ver. Si a Telefónica se le eliminan deducciones y bonificaciones, las decisiones sobre su plantilla serán distintas que si no se hace. La subida del impuesto al diésel, ese demonio moderno que hasta hace tres días era un ángel ecológico, no la esperaba nadie aunque era lógico esperar que el nuevo Gobierno actuara sobre los impuestos especiales.

En Justicia se han volcado las medidas sobre Memoria Histórica, que tanta polémica arrastrarán, aunque el presidente considera que esa controversia le da votos y es rentable. En Trabajo, la imposibilidad de derogar una reforma laboral que salvó a España de un cierre empresarial generalizado ha movido las decisiones parciales que serán igualmente controvertidas, como la prioridad de los convenios colectivos sectoriales que puede hundir a muchas medianas empresas.

Y en Educación, la vuelta a los postulados socialistas demuestra una vez más que este país no tendrá una enseñanza en condiciones, moderna y fiable, hasta que no se despoliticen los planes educativos y no se alcance un gran acuerdo por el futuro de nuestros estudiantes. Considerar ahora la educación concertada como una rémora, con los magníficos resultados que ha dado la sinergia entre lo público y lo privado en esta materia, es un error que perjudicará a millones de familias.