El conflicto generacional

Partamos de una evidencia que es un hecho básico para la existencia de un sistema de pensiones de reparto: cualquier sistema de es tipo constituye un pacto entre generaciones de manera que la actual paga a los mayores de hoy para que los jóvenes de mañana paguen las pensiones de los primeros. Este contrato social, pilar básico del Estado del bienestar, empieza sin embargo a cuestionarse desde diversos ámbitos, debido a las incertidumbres que se ciernen en torno a nuestro sistema público de pensiones y por los divergentes intereses que muestran los diferentes colectivos (generaciones) involucrados.

"Contra la congelación de las pensiones" ha sido el lema que ha sacado a la calle a miles de pensionistas -es un hecho constatado que las personas mayores son el grupo político más activo- con la reclamación de exigir la derogación del actual Índice de Revalorización de Pensiones (IRP), nacido de la reforma de 2013, y que desde su implantación las viene incrementando anualmente un 0,25 por ciento, en su mínimo, por tanto. Todo ello bajo el paraguas de una demanda que reclama prestaciones dignas y que considera que subir las pensiones con respecto a la inflación es de justicia, lo que a priori, parece sensato y utilizando el mismo concepto, justo. Asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas se traduce en volver a la indexación al IPC y cambiar la fórmula de revalorización anual.

Pero también significa que el coste estimado de revalorizar las prestaciones con el IPC -un 1,6 por ciento equivalente al IPC previsto en 2018- se sitúe en el entorno de los 1.500 millones de euros anuales, que su-pondría un incremento medio del gasto de 2,7 puntos del PIB durante las próximas décadas. ¿Cómo se financiaría esta medida? Las dos posibilidades más factibles señalan la vía de los impuestos y la del destope de las bases de cotización, de manera que se cotizara por salarios reales, afectando a aquellas que quedan limitadas hoy en día por la base máxima. En un sistema que está falto de ingresos y cada vez tiene unos costes mayores, derivado de una transición demográfica espectacular, ello significa trasladar el problema a las actuales generaciones de trabajadores que serán los pensionistas de mañana, al tener que soportar una carga aún mayor en la financiación del sistema. Existe por lo tanto un conflicto de intereses generacionales que se haya implícito en las posturas planteadas.

No debe despreciarse en este debate de las pensiones el concepto subyacente de los costes de cooperar entre generaciones. Si el coste del sistema se sigue trasladando a la actual generación de trabajadores, ya sea mediante impuestos o incremento de cotizaciones, aumentará el re- chazo y las incertidumbres para mantener un sistema. Pero en ningún caso les garantizará el mismo sistema de revalorización de pensiones cuando pasen a ser dependientes del sistema. También cabe plantearse si sería equitativo aumentar transferencias de renta desde las generaciones más jóvenes a la población jubilada, en un momento en que la brecha de renta intergeneracional se ha ampliado en contra de los primeros, resultado de la larga crisis económica vivida.

En el caso que se derogue el IRP, probablemente la próxima demanda a la que asistamos, en este caso de los colectivos próximos a jubilarse, pase por reclamar la derogación del segundo instrumento de ajuste automático aprobado en la misma reforma de 2013, pero que aún no ha entrado en vigor. El Factor de Solidaridad Intergeneracional, que se aplicará a partir del próximo año, también significará una reducción de la pensión de jubilación, ya que añadirá la esperanza de vida al cálculo en el momento de cobrar la primera pensión, revisándose cada cinco años. Ello sin contar los serios problemas de credibilidad que todo ello generaría en el sistema al desmontar medidas que modifican el escenario a medio y largo plazo de muchos ciudadanos.

Este debate, que ahora se vuelve a abrir, para abordar el tema de la revalorización de las pensiones debe contemplar el resto de aspectos que lo condicionan: desde asegurar la viabilidad financiera del sistema de reparto que tenemos y sus fuentes de financiación, como también revisar la suficiencia de las pensiones, y todo ello sin despreciar el coste de cooperar entre generaciones, sistema de equilibrio social en el que se fundamenta el modelo.

Si no somos capaces de conseguirlo se producirá ese conflicto generacional de las pensiones y tendremos que prepararnos para las consecuencias.