Sin planes y casi sin pensiones
- Los fondos destinados a estos pagos deberían tener una tributación menor
Fernando Méndez Ibisate
No es mala la idea expuesta por el presidente de Gobierno de permitir el rescate de los planes de pensiones con antigüedad de más de diez años a partir de 2025, así como de las aportaciones que, a partir del 1 de enero de 2015, cuenten con una antigüedad de diez años. Es, como se ha dicho, un intento de hacer más atractiva esa inversión, otorgándole mayor liquidez, entre otras cosas.
Tampoco es desatinada la propuesta de la ministra de Empleo de ampliar el cómputo de la vida laboral para el cálculo de la pensión individual. Después de todo, un auténtico sistema de pensiones, fundado sobre una base financiera de capitalización y no el trile del sistema de reparto que tenemos, más parecido a un sistema financiero piramidal, toma en cuenta toda la vida laboral y de cotización del trabajador, si bien con independencia de si ha cotizado 14, 25 ó 38 años o si lo ha hecho en los últimos cinco o no. Evidentemente las cuantías pueden cambiar, pero no se pierden derechos sobre lo aportado, como establece la ley actual.
La cuestión es que ambas iniciativas extravían el verdadero objetivo del problema. La de la ministra de Empleo es un mero ardid para reducir las prestaciones futuras, porque se aplica sobre un sistema de reparto al que se han cambiado reiteradamente, desde 1985, las reglas y promesas iniciales ante su incapacidad de sostenibilidad. Y es que, más allá de la demografía (la prolongación de nuestras vidas nunca puede ser un problema sino una muestra del progreso económico, por cierto, del mercado), es imposible mantener la proporción de 1 a 3 que impone nuestro sistema de reparto para sustentar las prestaciones en las condiciones inicialmente establecidas y prometidas: diez millones de pensionistas exigirían treinta millones de cotizantes.
Incentivos al ahorro
Por su parte, la propuesta de Rajoy plantea problemas más complejos e importantes: planes de pensiones, pero también éstos en el marco de los incentivos al ahorro en nuestra economía. Habiendo evolucionado y mejorado mucho desde los años noventa, nuestros sistemas de ahorro mantienen algunas trabas e intervenciones, bastante opacidad, falta de competencia y un peculiar, oneroso y gravoso sistema fiscal cuyas ineficiencias no pueden resolverse ni con parches, ni con reformas parciales.
Con el actual sistema de reparto, es lógico y de justicia que las cotizaciones sociales (contribuciones obligatorias que van a remunerar a otros) se descuenten del IRPF, pues no dejan de ser un impuesto sobre el salario. Si se adoptase el sistema de capitalización, que bien podría ser obligatorio en unas cuantías mínimas, podría discutirse la deducción de esa renta de la base imponible del IRPF y su obligada tributación; pero pasará a ser irregular e injusto que las pensiones tributen en forma de rentas del trabajo, como hasta ahora. Tan sólo cabría tributar por los rendimientos de la inversión y hacerlo como ahorro. En mi opinión, y dado que se trata de un ahorro peculiar y delicado, los fondos destinados a pensiones deberían mantener una tributación menor, aunque para los muy intervencionistas podría añadirse una ligera progresividad a partir de determinadas cuantías de pensión: no se olvide que las rentas originarias, de las que se deriva la capitalización, ya se sometieron a tributación.
Aparte, el problema de los planes de pensiones es que, salvo honrosas excepciones, las entidades gestoras y administradoras han sido poco eficientes y, en ocasiones, poco responsables. En general, sus rentabilidades han sido bajas, cuando no ridículas. Y fondos o paquetes de valores equiparables han logrado buenos resultados y rentabilidades en manos de unos, normalmente medianos, mientras que apenas ganaban o perdían con otros. En ocasiones se aplican recursos o ganancias de los fondos de pensiones (a largo) para sufragar pérdidas de otras carteras o inversiones más inmediatas (a corto o medio plazo), con el correspondiente perjuicio para los ahorradores. Los fondos de pensiones son inversiones de muy largo plazo que, en la práctica, deberían asegurar una rentabilidad cuasi fija.
Previsiones de liquidez
Aparte de las mayores provisiones de liquidez que deban hacer con vistas a las posibles futuras retiradas, que pueden perjudicar sus beneficios o los rendimientos de los planes de pensiones, el gran temor de los gestores de fondos o planes de pensiones ante los nuevos cambios es la mayor competencia que tal medida introduce, no entre diferentes gestores, cosa que ya existía con las facilidades de movilidad introducidas hace años, sino con otros activos e inversiones alternativas que ahora se abren a los ahorradores. A partir de 2025 los planes y fondos de pensiones dejan de ser una figura de ahorro cautivo (no se podían rescatar hasta la jubilación y luego se permitieron unos supuestos muy restrictivos). Y vistos sus escasos rendimientos y, para ser una inversión de muy largo plazo, el elevado riesgo que se les imputa, muchos ahorradores podrán decidir invertir sus ahorros en figuras o activos más rentables o, incluso, seguros: ¿qué tal una cuenta a 30 o 40 años al 3% fijo, cuya rentabilidad acumulada no es baladí? ¿Qué tal en activos de otros países? Habrá que espabilarse y, por eso, la medida de Rajoy es acertada.