Digamos las cosas muy claras

Este es un momento en el que, como consecuencia de los sucesivos resultados electorales, el panorama recuerda, en más de un sentido, a la realidad parlamentaria que a lo largo de la II República impidió desarrollar una política económica, entonces adecuada a la etapa de la Gran Depresión. Los testimonios de dos grandes economistas, Agustín Viñuales y Gabriel Franco, que fueron ministros con Manuel Azaña, el primero en 1933 y el segundo en 1936, y ambos en la cartera de Hacienda durante tres meses solamente, lo aclaran. Señalan que el caos político general, a más de la incapacidad de Azaña para entender la realidad económica, les obligaron a marchar dando un portazo.

Pero he aquí que durante la Transición se diría que iba a suceder lo mismo, y no sucedió, a pesar de la crisis económica que tenía que soportar España. Entonces, el desarrollo de la economía española dependía en el aspecto energético del petróleo de modo grande, con consecuencias muy duras. Añádase que al choque petrolífero fortísimo se unió que, en una economía como la española, que desde 1959 se había hecho progresivamente más abierta, los precios de los otros productos de importación aumentaron también de modo notable.

La relación real de intercambio entre los precios de artículos de exportación y de importación, que multiplicada por 100 era de 103,9 en 1973, pasó a ser 88,6 en 1974, y, en descenso prácticamente continuo, en 1981 sería de 67, de acuerdo con un trabajo de Antonio Tena. Se trataba de un descenso realmente espectacular. Todo esto introducía elementos inflacionistas que daba la impresión de que podía escapar de todo control en 1976.

Simultáneamente, y sobre todo a partir del Proceso 1.001 contra los dirigentes de la Confederación Sindical de CCOO, se provocó la que hay que calificar de presión incontenible de la subida salarial, con la consecuencia inmediata ‑-¡ay, qué comprobación de la curva de Phillips!-‑del desempleo. Al mismo tiempo cae la reserva de divisas. El PIB por habitante, que era, en euros de 2010, según Maluquer de Motes, de 12.457 en 1974, sólo había pasado a 12.885, un crecimiento del 3,4 % en siete años, o sea en 1981.

Todo esto, naturalmente, era explotado por las organizaciones políticas de la izquierda para conseguir una mayor influencia en la vida política. Se reunían todas las circunstancias adecuadas para que se produjese un fracaso colectivo considerable. Y sin embargo no sucedió, a pesar de la alianza de las organizaciones de izquierda para votar contra el referéndum para la Reforma Política de 1976, a más del considerable incremento huelguístico por el cual, según Nicolás Sartorius en su Balance y perspectivas sindicales (1976-1977), las alteraciones existentes en 1975 habían supuesto perder 10.355.170 horas de trabajo en 1975, y en 1976 las horas perdidas fueron 101.714.664. Pero esa amenaza, todavía muy superior a la que hoy podemos contemplar, se disolvió con el Pacto de La Moncloa de 1978.

A mi juicio, y dando toda la importancia que se quiera a los dirigentes políticos que lo hicieron posible, desde Suárez a Carrillo, desde González a Fraga, y no fueron los únicos, se debió al peso que en el mundo político habían pasado a tener los economistas. En todos los nacientes partidos políticos los economistas, que ocupaban ya puestos importantes en la vida española, ya en el Ministerio de Hacienda, ya en el de Comercio, ya en el de Trabajo, ya en cátedras universitarias, pasaron a tener una intervención creciente. Todos ellos, entre sí, desde Segura a Barea, desde Tamames a Lagares, aceptaron que el profesor Fuentes Quintana era capaz de dirigirlos. Gracias al impulso de Juan Carlos I, que algún día tendrá que ser más ampliamente señalado, al designar a Fuentes senador real, y de Suárez, que en 1977 aceptó que fuese vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, se creó la base para que en los diversos partidos políticos se abandonase la idea de que, como consecuencia de la creciente crisis, era posible conseguir ventajas concretas para su crecimiento. El caos existente, ¿no les podría llevar al poder? Soy testigo de cómo Fraga decidió el abandono de las tesis de López Rodó de aprovechar el caos para iniciar la destrucción de Suárez, y Tamames me ha relatado de qué modo el Partido Comunista abandonó talantes que únicamente acabaron siendo mantenidos por el Partido Socialista de Tierno Galván.

Pero el Pacto de La Moncloa, que fue lo que enderezó la situación y lo que hizo posible el avance hacia la actual Constitución y el inicio de un nuevo desarrollo, para continuar el comenzado en 1959, se debió también a la comprensión ciudadana, normal siempre en toda realidad democrática, de que era preciso no seguir por un camino equivocado. Creo, por eso, que para siempre en la confección de la historia política española será obligado colocar dos intervenciones de Enrique Fuentes Quintana. Una, la que en RTVE verificó señalando a todo el pueblo español la grave realidad existente, y por dónde únicamente existía una salida. En segundo lugar, en su intervención parlamentaria, para tener apoyo de las principales fuerzas políticas. Y a ello hay que añadir el auxilio que esta postura pasó a recibir del exterior, desde las instituciones creadas en los Acuerdos de Bretton Woods, a los países del entonces Mercado Común, y la proporcionada por alguna institución política concreta, como el Partido Socialdemócrata alemán. Téngase en cuenta que, tras el Plan de Estabilización de 1959, estaba claro que España había clausurado en adelante la etapa de poseer una economía nacional aislada como sucedía desde 1808, y entrar en una etapa de economía comunitaria.

Y, ahora, ¿estamos igual? De ninguna manera. El Gobierno Rajoy alcanza de nuevo el poder como consecuencia de haber superado, de forma clarísima, la crisis mundial y la ampliación española del periodo 2007-2013. El reto presente es consolidar esa etapa tras poner orden -ahí está la magnífica labor de Linde de Castro‑en el mundo crediticio- en el marco económico mundial al que pertenecemos, gracias a Guindos; en el panorama del conjunto del sector público, gracias a Montoro; y así sucesivamente, lo que se evidencia en los datos estadísticos existentes. El problema ya no es ese. Es el de que las fuerzas políticas principales avalen eso.

Como sucedía en 1977, los asesores económicos de estos grupos políticos, un Borrell o un Garicano, no aceptan el 100 por cien de lo sucedido, pero sí tendrán que hacerlo en un 90 % y que el modelo actual continúe en el mercado laboral, en el crediticio, en el energético -quizá donde hay que dar más pasos valientes, como en el de la energía nuclear, esencial para nuestro futuro- en el autonómico -para impedir el surgimiento de esos reinos de taifas que rompen la unidad de mercado desde las autonomías, cosa condenada desde Adam Smith a Allyn Young-, en el del complemento con un adecuado Estado del Bienestar, pero con alivios impositivos para no impedir la estabilidad creciente de los ciudadanos, frenada, simultáneamente, por actividades especulativas y de endeudamiento de las familias, y así sucesivamente.

Con el Pacto de La Moncloa, basado en la ortodoxia económica, se rompieron las cadenas de planteamientos equivocados de multitud de fuerzas políticas, y éstas lo asumieron. Ahora han surgido otras cadenas. Este es el momento adecuado para romperlas. Joseph Conrad señaló que "quien se encadena está perdido". Ojalá lo sucedido en el Congreso el 29 de octubre de 2016 haya sido el inicio del desencadenamiento de nuestra economía.