¿Mayores de 65 años trabajando y 'ninis' desempleados? La posible estafa social de las pensiones

España no ha logrado cumplir el objetivo de déficit impuesto por Bruselas por dos factores fundameltalmente: el despilfarro de las corruptas e insostenibles Comunidades Autónomas, y en menor medida por el descuadre en las cuentas de la Seguridad Social.

En relación a este segundo aspecto, se puede afirmar que el creciente desequilibrio entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social podría originar una situación de quiebra en el sistema de pensiones en el medio o largo plazo.

De hecho, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, comúnmente denominado como 'hucha de las pensiones', se está reduciendo progresivamente, puesto que año tras año se produce un incremento en la factura de las pensiones. Consecuentemente, abonar global y puntualmente dicha factura será cada vez más complicado.

Tasa de desempleo

Para incrementar los ingresos y equilibrar de nuevo las cuentas, varios millones de parados españoles tendrían que incorporarse al mercado laboral y convertirse en cotizantes. No obstante, e independientemente de los últimos y positivos datos de empleo (aumenta considerablemente el número de cotizantes a la Seguridad Social y España baja de los 4 millones de parados), nuestra tasa de desempleo podría seguir en un nivel preocupante durante un largo periodo de tiempo.

Y el auge del emprendimiento (aunque sea por necesidad más que por vocación) podría aportar "cotizantes de largo plazo" al sistema, pero no es menos cierto que la confiscatoria fiscalidad y los altísimos costes laborales están creando un "círculo vicioso con efecto expulsión": mientras nuevos autónomos se dan de alta en la Seguridad Social para comenzar su andadura empresarial, muchos otros abandonan sus quebrados negocios antes de los primeros cinco años de vida, dándose de baja en la Seguridad Social.

¿Quién sostendrá el sistema?

Del mismo modo, es relevante resaltar tanto la bajísima tasa de natalidad que sufre España como el progresivo envejecimiento de la población, dos tendencias imparables que amenazan la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.

Al respecto, la única solución que actualmente está proponiendo nuestro país (y los principales Estados europeos) para combatir este desfase es ampliar la edad de jubilación, aumentando con ello los años necesarios para cobrar la pensión y, evidentemente, también el máximo que se puede llegar a cobrar. En otras palabras, los ciudadanos podrían estar condenados a trabajar más años y, en muchísimos casos, a cobrar sueldos menores.

Recordemos que en nuestro país se está retrasando paulatinamente la edad de jubilación de 65 a 67 (durante el periodo 2013-2027). Y, paralelamente, el periodo de cotización para cobrar el 100% de la pensión aumenta en dos años, concretamente, de 35 a 37 años.

Además, la existencia de una altísima tasa de paro juvenil en España podría crear un escenario laboral deshumanizado, en el que multitud de jóvenes en edad de trabajar se mantuvieran ociosos, mientras los mayores de 65 años serían los encargados de sostener el sistema alargando su vida laboral. (Todo ello, sin perjuicio que el profesional que desee voluntariamente seguir trabajando después de los 65 años pueda hacerlo).

Las desproporcionadas pensiones de los políticos

Si tenemos en cuenta también las inmerecidas y desproporcionadas pensiones que disfruta la casta política, tanto en cuanto los requisitos laborales para obtenerlas contrastan con los del resto de ciudadanos, podríamos calificar a nuestro sistema como injusto, además de insostenible.

En relación con lo anterior, y considerando que las dos recientes reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013 no han tenido éxito, la conclusión que extraen los españoles es la relativa a que nuestro sistema necesita una reforma completa e, incluso, el diseño de un nuevo modelo.

En este sentido, el actual modelo de Suecia, vigente tras la reforma de 2001 y que rescató de la quiebra al antiguo sistema de pensiones de este país, podría configurarse como una referencia, puesto que dota de mayor equidad a la relación entre las contribuciones y las prestaciones y aporta la sostenibilidad financiera necesaria.

¿Nuevos impuestos para financiar las pensiones?

Pero al margen de la planificación de un nuevo modelo, en España podrían adoptarse al menos soluciones parciales que no consistan ni en recortar las prestaciones ni, tal como ha propuesto el PSOE, en gravar con nuevos impuestos a los ciudadanos para financiar el sistema.

A tal efecto, una de las medidas podría consistir en eliminar partidas de los Presupuestos encaminadas al gasto político improductivo y destinarlas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social.

¿Los recortes que ha impuesto Bruselas, que se llevarán a cabo después del 26-J e independientemente de la formación o coalición política que gobierne, recortarán el gasto político o las pensiones?