Montesquieu ha muerto, otra vez

"Montesquieu ha muerto". La frase se le atribuye a Alfonso Guerra para definir la reforma del Poder Judicial de 1985, aprovechando la mayoría aplastante del PSOE en el Congreso, y que ponía seriamente en entredicho la independencia de los tres poderes del Estado que defendía el filósofo francés, y que ha sido siempre uno de los principios básicos del sistema democrático.

Pero lo que entonces más que una muerte fue un golpe bajo a la autonomía de la Justicia hoy, casi 35 años después, se ha convertido en un asesinato con premeditación y alevosía de la mano de Pedro Sánchez y un Gobierno en funciones cuyo desdén por la democracia y el Estado de Derecho ha pasado ya de ser un esperpento preocupante para rayar en la ilegalidad y en el cesarismo caciquil.

El propio presidente del Ejecutivo no tuvo pudor en reconocer esta manipulación de determinados órganos de la judicatura cuando el pasado noviembre y en declaraciones a la radio pública vínculo directamente su propósito de traer a Puigdemont a España a su potestad sobre la Fiscalía del Estado. "¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?", le espetó Sánchez a su interlocutor.

Unas palabras estas que se corroboran con el comunicado emitido por la Asociación de Abogados del Estado en relación al informe sobre la libertad de Oriol Junqueras, en el que rechazan "cualquier intento de injerencia o presión y, especialmente, de amenaza, que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar del ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado". ¿Quién puede presionar o amenazar sino quien ejerce la autoridad sobre el presionado o el amenazado? Un comunicado tan insólito como inusual que se produce cuando en la opinión pública y en la publicada existen serias sospechas de que el informe de la Abogacía tiene el sello del Gobierno y ha sido negociado o consultado directamente con el propio condenado por sedición y su partido.

Una violación de la independencia y la legalidad que se añade a la congelación de las pensiones. La segunda en la historia de la democracia española y perpetrada también por un gobierno socialista. Con el agravante de que, en esta ocasión, todo apunta a que se hace para convertir a los pensionistas en rehenes de las ambiciones del jefe del Ejecutivo para mantenerse en La Moncloa y cuando destacados constitucionalistas han denunciado que la suspensión en una ley –en este caso el artículo 58 de la Ley de la Seguridad Social- mediante un Real Decreto Ley exige un requisito de "urgente necesidad", que no se produce en este caso, además de que esta suspensión no forma parte de los asuntos ordinarios que son los que competen a un gobierno en funciones.

Eso sí mientras bordea la legalidad e incumple su promesa electoral de subir las pensiones, a este mismo presidente y su Gobierno no les ha temblado la mano para subir los impuestos renovando el de Patrimonio actualizando el catastro, en una nueva demostración de cuál es su política social.

Pues eso, que Montesquieu ha muerto, otra vez y con él ha muerto también el PSOE, que ha cambiado la "s" de socialista por la de sanchista, con una militancia gregaria y obediente y unos barones degradados a lacayos sumisos y consentidores.