El Gobierno sacrifica 1.500 millones para bajar la luz un 3% a los hogares

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, anunció ayer en el Congreso la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, que recauda más de 1.500 millones de euros anuales, para bajar alrededor de un 3% la factura de la electricidad de los consumidores domésticos y de un 5% en el caso de los grandes consumidores industriales.

Se trata de la medida económica de mayor calado en un "Plan de choque" que incluye ampliar la protección a los consumidores vulnerables -extenderá la cobertura del actual bono social eléctrico y creará un bono social para la calefacción-, potenciar el autoconsumo de energía -suprimirá el llamado impuesto al sol- y otras disposiciones para incrementar la penetración de las energías renovables.

No obstante, la ministra no aclaró cómo se compensará la merma de esos 1.500 millones anuales, que Hacienda destina a cubrir costes fijos del sistema eléctrico, evitando que se genere déficit de tarifa; este 2018, según las previsiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el sistema iba a obtener un escaso superávit de 1,9 millones.

"Momento excepcional"

Ribera apuntó que la suspensión del impuesto al 7% "a un tipo prácticamente nulo" -lo que permitiría reactivarlo en caso de necesidad- es "la medida más adecuada, más acertada" para "aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional", en alusión a los precios eléctricos, en máximos anuales. Según especificó, la suspensión entrará en vigor durante las próximas semanas.

El tributo, denominado Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, fue establecido por el PP con la Ley 15/2012 para atajar el déficit de tarifa. Grava la facturación de la generación, de modo que los generadores lo repercuten a los consumidores con sus ofertas al mercado mayorista, encareciéndolo, por lo tanto, en un 7%. Al suspenderse, la parte variable de la factura de los consumidores, que recoge el precio mayorista, baja en esa misma proporción. En el conjunto del recibo, el impacto depende del peso de esa parte variable; en el caso de un hogar la rebaja final ronda el 3%, mientras que en el de una gran industria, ronda el 5%.

Sin embargo, la recaudación del impuesto, que según la CNMC fue de 1.585 millones el año pasado y debería ser de 1.528 millones este 2018, contribuye a reducir los costes fijos del sistema, reflejados en la parte fija del recibo final, es decir, el impuesto encarece la luz por un lado, pero evita que haya deuda y la abarata, por otro.

La rebaja del impuesto estaba en las quinielas de las medidas que podía adoptar el Gobierno para abaratar la luz, pero se especulaba con la posibilidad de que la merma de fondos para el sistema se compensase con otras medidas, como incrementar los ingresos derivados de las subastas de derechos de CO2, que también contribuyen a cubrir costes del sistema en un máximo de 450 millones anuales. No obstante, Ribera rechazó esta posibilidad, apuntando que el incremento de la recaudación que se experimentará este año por la multiplicación del precio del CO2 -ha pasado de cinco a 20 euros por tonelada- compensará a los territorios perjudicados por la transición energética, como aquellos que dependen de las minas de carbón.

El PP y Ciudadanos saludaron la suspensión del impuesto, por lo que no habrá problemas para que se apruebe en el Congreso.

Más protección al consumidor

Ribera remachó que "la prioridad" del Ejecutivo es la protección de los consumidores más vulnerables, que consideró insuficiente con al actual mecanismo de ayudas y coberturas, tanto por el tipo de beneficiarios como por su alcance.

En el primer caso, anunció la ampliación del bono social eléctrico elaborado el año pasado por el Gobierno del PP -que en principio entrará en vigor el próximo 8 de octubre- a las familias monoparentales, así como una mayor protección a la infancia y acuerdos con la Seguridad Social y la Federación Española de Municipios y Provincias para facilitar el acceso a los descuentos establecidos, del 25 al 40% de la factura. En el segundo, anunció su ampliación a los usos térmicos, con independencia del combustible empleado, de modo que permita sufragar la calefacción.

Además, anunció la presentación en seis meses de una Estrategia específica para luchar contra la pobreza energética, que padecen unos 4,6 millones de hogares.

Fin del 'impuesto al sol'

La ministra también explicó que se adoptarán las medidas incluidas en una Proposición de Ley para el fomento del autoconsumo presentada el pasado mes de diciembre por los principales partidos políticos, menos el PP. Entre sus disposiciones, destaca la eliminación del peaje sobre la energía autoconsumida popularmente conocido como impuesto al sol -que según los cálculos del Comité de Expertos del anterior Gobierno asciende a 74,5 euros por MWh- y abre la puerta al establecimiento de mecanismos de compensación entre déficits y excendentes de las instalaciones de autoconsumo menores de 100 kW.

Esta propuesta también incluye una simplificación de los procedimientos administrativos -las instalaciones menores de 100 kW no necesitarán inscribirse en el registro correspondiente- y una reducción muy notable de las sanciones por infracción, que se limitan al 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica, mientras que ahora las penas llegan hasta los 60 millones de euros.

Ribera hizo hincapié en el fomento del autoconsumo compartido; actualmente hay una norma en tramitación, elaborada por el anterior Gobierno, que impide las cesiones de energía excedentaria entre los autoconsumidores vinculados a una misma instalación de generación.

Información al consumidor

El Gobierno aumentará la información que recibe el consumidor, por ejemplo obligando a las eléctricas, cuando vendan la energía en régimen regulado, a incluir en las facturas el coste que hubiera tenido el consumidor con otras tarifas, como las de discriminación horaria.

Y desgranó toda una batería de actuaciones para potenciar la penetración de renovables, tal que prorrogar los derechos de acceso y conexión que vencen a final de año, la repotenciación de instalaciones o un calendario de subastas. Apostó por los contratos bilaterales de renovables entre generadores y consumidores dentro de una futura reforma del mercado eléctrico -y de la fiscalidad energética-, cuyos problemas diagnosticó con detalle.