Energía
Las cinco grandes eléctricas pagarán el 96% del bono social en 2017
- Al ampliarse a todas las comercializadoras reducen su cuota, que era del 99%
Tomás Díaz
Las cinco grandes eléctricas agrupadas en la asociación patronal Unesa -EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo- correrán con el 96% del coste del bono social, según el nuevo reparto aprobado por el Gobierno, frente al 99% que soportaban con el anterior sistema.
El BOE publicó el pasado sábado el Real Decreto-ley 7/2016 que establece un nuevo esquema de financiación para el bono social eléctrico, un descuento del 25% de la factura regulada que pueden disfrutar los consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada, los receptores de pensiones mínimas, los hogares con todos sus miembros en paro y las familias numerosas.
La nueva norma establece que los 200 millones anuales que cuesta los paguen todas las firmas comercializadoras -o sus matrices-, mientras que el mecanismo anterior los hacía recaer sobre las compañías con actividad de generación, distribución y comercialización. En el nuevo sistema se reparte entre unas 280 empresas, mientras que con el anterior sólo en 23.
Aportar según los clientes
El nuevo sistema de distribución del bono atiende al número de clientes y, en relación a las cinco grandes, tres pagan menos y dos pagan más: Endesa cubre ahora el 37,5% desde el 41%; Iberdrola corre con el 35,4% desde el 37,9%; a Gas Natural Fenosa le corresponde el 15,8% desde el 14,7%; EDP -contando Cide- sufraga el 4,9% desde el 3,2%; y Viesgo abona el 2,1% desde el 2,2%.
Al resto de empresas le corresponde porcentajes inferiores al 1%; Fenie Energía, la comercializadora de las empresas instaladoras, es la que más aporta, con el 0,7%.
Este reparto es provisional, hasta un futuro desarrollo reglamentario de las previsiones y, en todo caso, será revisado cada cuatro años.
La normativa justifica dejar fuera del reparto a otras empresas, como REE, en que, al tener una actividad regulada, habría que repercutir su aportación al bono social en los peajes del sistema eléctrico y terminarían llegando así a todos los consumidores, incluidos los propios beneficiarios del bono social.
No obstante, el Tribunal Supremo ha anulado dos veces los anteriores sistemas de distribución del bono social por considerarlos discriminatorios, al no incluir a todos los actores del sistema eléctrico, tal y como han argumentado las grandes empresas eléctricas.
Por otro lado, la nueva normativa establece que el Ministerio de Energía fijará un límite económico máximo para cubrir las facturas de los consumidores insolventes a los que no se podrá cortar el suministro de energía.